Por: Cartas de los lectores

Réplica a una columna

En ejercicio de mi derecho Constitucional a la réplica y a la rectificación de información errada difundida por medios de comunicación, respetuosamente me dirijo a usted con ocasión de la columna del señor Yohir Akerman titulada "Acoso y ascenso", publicada en el sitio web de El Espectador el día veintinueve (29) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), con el fin de precisar hechos y circunstancias malintencionadamente tergiversados, relacionados con el trámite y aprobación de los ascensos de la Fuerza Pública, y especialmente de la promoción del coronel del Ejército Nacional Hernando Garzón Rey al grado de brigadier general.

Si bien resulta sano y necesario para la democracia el disenso y la difusión de información sobre asuntos de interés público, ello debe darse en el marco del respeto a la dignidad de las personas y sin distorsionar de manera consciente y maliciosa la realidad de los hechos. La libertad de expresión, como lo plantea la Carta Constitucional (artículo 20) y la reiterada jurisprudencia tanto de tribunales internos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos1, debe ser ejercida con responsabilidad, lo que supone la socialización de información veraz.

El columnista apertura su diatriba cuestionando el hecho de que los ascensos hubieran sido debatidos y aprobados por la Plenaria del Senado de la República en la madrugada del día 20 de diciembre de 2019, "...aprovechando la ausencia de los medios, sin transmisión de televisión y sin la presencia de la bancada de la Paz. En la penumbra, desde lo oscuro, como cuando se hace algo de espaldas al país y de frente a la descomposición institucional" --para recurrir a lo afirmado por el autor— .

Desconoce o, lo que es peor, omite conscientemente, que de conformidad con la Ley 5a de 1992 (artículo 83), las sesiones del Congreso pueden convocarse y celebrarse cualquier día de la semana, en la hora que determinen las respectivas Mesas Directivas.

Si bien el periodo de sesiones ordinarias concluye el 16 de diciembre, el presidente de la República, mediante Decreto 2277 del 16 de diciembre de 2019, posteriormente prorrogado por el Decreto 2292 del 18 de ese mismo mes y año, convocó al Congreso a sesiones extraordinarias desde esa fecha hasta el 23 de diciembre, con el fin de dar trámite a específicos proyectos de ley y a los ascensos de Militares y Policías, de conformidad con el Decreto 2094 del 21 de noviembre de 2019.

En cuanto a la hora de convocatoria para la sesión, reitero que corresponde a un asunto que legalmente le incumbe a la Mesa Directiva del Senado de la República, pero que nada guarda de ilegal, dado que toda hora y día es hábil para tal efecto, ya que no era posible darle trámite con anterioridad por el estricto término de ocho días que deben transcurrir entre el primer debate en Comisión Segunda Constitucional y el surtido en la Plenaria. Según consta en el registro del dicho trámite, la sesión en la Comisión para el debate y aprobación de los ascensos se cumplió solo hasta el día once (11) de diciembre de 2019. Es preciso advertir que el evidente retraso en el trámite obedeció al cambio del responsable en la cartera, y no a acción u omisión atribuible al Legislativo.

No obstante la hora, la sesión fue pública y con presencia de corresponsales de los medios de comunicación que tuvieron a bien cubrirla, y con libre acceso al público.

En relación con la "ausencia de la bancada de la Paz", si es que por este apelativo pretende el columnista referirse a los miembros de partidos que apoyaron el proceso entre el Gobierno y los narcoterroristas de las Farc, igualmente es necesario advertir la falsedad en que este incurre, comoquiera que en el recinto permanecieron y participaron en la sesión, dando su voto afirmativo a los ascensos, la mayoría de estos partidos --Cambio Radical, Conservador, Unidad Nacional y Liberal--. No sobra decir que todos los congresistas tuvieron la oportunidad de participar en el debate y exponer de manera libre sus reparos y apoyos a los ascensos, por lo que el retiro de algunos de ellos obedeció a una decisión libre de cualquier apremio y como un intento por restarle legitimidad al debate.

Ahora, si el columnista alude a la ausencia de miembros de partidos y movimientos de oposición, como el de las Farc, el Polo Democrático, la Lista de la Decencia y el Verde; pues bien, como podrá corroborarlo si consulta el acta de la sesión, miembros de estos partidos intervinieron activamente hasta el momento en que, con la vocería del senador Antonio Sanguino, manifestaron su libre determinación de retirarse y no participar del debate. La ausencia de estos congresistas, en nada afecta la legalidad ni la legitimidad de la sesión, por cuanto no alteró el quorum necesario para la aprobación de los ascensos.

Segundo. De la verificación de cada caso

Continuó el columnista afirmando que la votación se dio en bloque, "sin analizar la situación específica de ninguno de los oficiales"; nada más alejado de la realidad. La situación jurídica de todos y cada uno de los oficiales fue examinada tanto por los congresistas ponentes, como en los debates en Comisión y en Plenaria, en los términos previstos en el artículo 173 y el Título VII, Capítulo 7°, artículos 217, 218, Constitucionales, en concordancia con lo previsto en el artículo 47 del Decreto Ley 1790 de 2000 y el procedimiento adoptado por la Mesa Directiva del Senado de la República mediante la Resolución 079 del 6 de noviembre de 2015.

No menciona el columnista que previo al inicio del debate el 20 de diciembre de 2019, el honorable senador José Luis Pérez, presidente de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, rindió un informe general introductorio sobre el escrutinio a las hojas de vida y la evaluación de la situación jurídica de todos los oficiales, con base en la información remitida por las autoridades judiciales ordinarias, la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Justicia Penal Militar, así como de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. De modo que lo afirmado en la columna representa un insulto al Congreso y un acto pérfido en contra de sus lectores.

Tercero. Del ascenso del coronel Hernando Garzón Rey y la denuncia por supuesto acoso sexual y laboral

En cuanto al ascenso del coronel Hernando Garzón Rey, de quien fui ponente con el honorable senador José Luis Pérez, por disposición de la Mesa Directiva de la Comisión Segunda, el columnista hace afirmaciones aún más infames. Tras corroborar con exhaustividad su situación jurídica, suscribimos conjuntamente la ponencia positiva y ofrecimos a la Comisión y la Plenaria una amplia exposición al respecto.

El columnista reprodujo las líneas generales de la columna de Cecilia Orozco Tascón del 21 de septiembre de 2019, publicada en este mismo medio, pero ocultándole a sus lectores que el propio oficial, inmediatamente después, envió una carta a este diario en respuesta a cada una de las aseveraciones de la denunciante, la capitán Maritza Soto Trujillo; mucho menos dio cuenta que la carta del oficial fue publicada íntegramente en la sección de opinión (Carta de los lectores), el día 1 de octubre de 2019, bajo el título "Del Coronel Garzón sobre acusaciones de acoso".

En su carta, el oficial rechazó los señalamientos, al tiempo que dio a conocer que la capitán, quien estuvo bajo su mando, lo denunció como una forma de retaliación y para distraer las posibles acciones disciplinarias por su comportamiento antirreglamentario, recurrentes problemas de convivencia y persistente deficiencia profesional. En la misma misiva, el oficial refirió al desempeño insuficiente y mal comportamiento en otras unidades militares, a partir de informes de compañeros, subalternos y superiores de la denunciante.

Al momento de la evaluación de la hoja de vida para ascenso del coronel Garzón Rey, se pudo constatar que el proceso disciplinario adelantado en su contra continúa en fase preliminar, al igual que noticia criminal iniciada por los mismos hechos.

Cuarto. Sobre supuesta responsabilidad del coronel Garzón en una ejecución extrajudicial

Finalmente, el columnista insinuó la responsabilidad del hoy brigadier general Garzón Rey en la muerte de un ciudadano por tropas bajo su mando, mientras comandaba el Gaula Militar Antioquia. Lo que calló temerariamente el columnista es que este hecho fue ampliamente debatido y estudiado por los ponentes, tanto en Comisión como en Plenaria, según constan las respectivas actas de las sesiones; siendo suficientemente aclarado.

En efecto, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en sentencia del 5 de marzo de 2015, radicado 200403617-01, confirmó la condena a la Nación por la muerte del ciudadano Luis Enrique Zapata Castrillón, ocurrida por personal adscrito al Gaula Militar de Antioquia el 21 de noviembre de 2002, en la ciudad de Medellín. Sin embargo, la sola lectura de esta providencia no deja duda de la ausencia de cualquier grado de responsabilidad del brigadier general Garzón Rey, dado que no figura ninguna afirmación, siquiera indirecta, en dicho sentido, lo que conllevó a que no fuera llamado en garantía, como sí lo hizo con el oficial a quien se le atribuyó la muerte (capitán Carlos Mauricio Rojas Martínez).

Del mismo modo, bastaba un poco de rigor y deseo genuino de informar la verdad por parte del columnista, para percatarse, y así lo hubiera comunicado a sus lectores, que el brigadier general Garzón Rey nunca ha sido vinculado a investigación penal alguna por este suceso, ni en la Justicia Penal Militar ni por parte de la Fiscalía General de Nación. Esta última autoridad adelantó una investigación a la que vinculó formalmente, mediante indagatoria, al capitán Rojas Martínez, pero que al cabo de un par de años, tras una exhaustiva pesquisa, terminó precluyendo a su favor en decisión del veinticinco (25) de junio de dos mil diez (2010), suscrita por el fiscal Séptimo Delegado ante el Tribunal Superior de Medellín (Radicado 1043-115-16). A propósito, la valoración efectuada por estas autoridades a los testimonios vertidos en estas causas, familiares y conocidos del occiso, conllevó a la desacreditación de su credibilidad; con todo, la jurisdicción contenciosa administrativa resolvió por lo contrario, fincando las condenas a la Nación y el consecuente pago de una cuantiosa indemnización a los familiares/ testigos del occiso, sin considerar las contradicciones e imprecisiones de sus versiones.

Sin más consideraciones, dejo la anterior constancia con el ánimo de motivar la reflexión sobre la necesidad de rigor y apego a la verdad que debe caracterizar el ejercicio periodístico y a los medios de comunicación; sobre la obligación de respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el buen nombre de los ciudadanos.

Vale la pena recordar a Rafael Nuñez: "La prensa debe ser antorcha y no tea, cordial i no tósigo, debe ser mensajera de verdad y no de error y calumnia, porque la herida que se hace a la honra v al sosiego es con frecuencia la más grande de todas".

Comedidamente,

Paola Holguín. Senadora de la República

1 Ver: Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva 0C-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 70; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 85; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 112; Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 82; 'Corte I.D.H., Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr.105; Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 116.)

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