Por: Rodolfo Arango

Rescatemos a la justicia

Jueces y funcionarios judiciales detenidos por sospechas de corrupción.

Con razón llueven editoriales sobre el tema: si la sal se corroe... La paradoja es que sabemos, desde hace tiempo, de lo extendido del problema. Incluso reformas constitucionales en la materia se han corrompido, apuñaladas por la gula y el deseo de poder que pululan en las cúpulas de los togados. Signo de la decadencia de un régimen, dirán otros en la extrema izquierda. ¿Por qué entonces ahora la rasgada de vestiduras por la venalidad en la justicia penal en un país inundado de dineros narcos y con un sistema penitenciario y carcelario desbordado?

Los problemas en la administración de justicia están más que diagnosticados. No son nada simples: congestión, pésimas condiciones de trabajo, luchas salariales y prestacionales, injusticia en cadena de ascensos y sanciones, roscas de todo tipo, venalidad propiciada por servidores y usuarios, etc. Como todo caso complejo, cualquier intervención podría ser neutralizada por el rápido reacomodo del sistema. Hecha la ley, hecha la trampa, reza el dicho popular. No obstante, es urgente hacer algo y pronto. Una de las reformas más necesarias que adeuda el Gobierno a la Nación es la de la justicia. La legitimidad del Estado depende de una pronta, correcta y cumplida administración de justicia.

El país necesita más magistrados o fiscales valientes, como Marta Lucía Zamora, Néstor Raúl Correa, Rubén Darío Pinilla o Iván Velázquez, que denuncien los tejemanejes en el sistema de justicia y fuera de él. Sólo una justicia autónoma, independiente, del poder político y económico puede ser garantía de libertad para todos. La parcialización de la justicia, que incluye el amiguismo, el regionalismo, la militancia religiosa o política, denunciados con tino por la ciudadana Cecilia Orozco, debe ser combatida en forma contundente y clara por toda la sociedad. La imparcialidad de la justicia debe ser preservada.

En este contexto, un objetivo de la reforma debe ser el fortalecimiento de la carrera judicial y no la privatización por vía del arbitramento o “justicia prepago”, como ya sucede en la salud de dos o tres pisos. A la administración de justicia sólo debería poderse ingresar por méritos académicos. Propongo entonces que en adelante, para ser juez de la República, bien pago y con excelentes condiciones de trabajo, no sólo se exija título de abogado, sino también maestría especializada de dos años, de tiempo completo, en escuela judicial y con aprobación de examen estatal con excelente promedio. Todo ello acompañado de becas completas para licenciados destacados.

La objetividad y la imparcialidad en la justicia son nobles ideales que pueden ser perseguidos a partir de conocimiento, ciencia, técnica, tecnología y, sobre todo, honestidad. El protagonismo, la farolería y la superchería, en la Rama Judicial o los órganos de control, conducen a la arbitrariedad, al justicialismo, a la corrupción. La reconstrucción de la justicia debe iniciarse entonces por la formación académica universitaria y de posgrado. Es necesaria una revisión integral del rol que cumplen las facultades de derecho en el país. No es posible que individuos con dudosos méritos como juristas escalen posiciones hasta ostentar cargos públicos con enorme capacidad de daño, más en una sociedad pluralista que aspira a vivir en paz con y en su diversidad. Cuando los servidores públicos de la justicia y órganos de control se reconozcan y respeten por sus méritos y no por sus conexiones, habrá menos espacio para la corrupción.

 

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