Por: Luis Eduardo Garzón

Respeto a las reglas

EL DEBATE CONCEPTUAL SOBRE LAS bondades de la reelección ha quedado pulverizado. La Corte estableció que la reforma constitucional que permitió la reelección se obtuvo mediante actos espurios y delincuenciales.

Se “compraron conciencias” mediante “actos corruptos”. Sin estas conductas no se hubiera producido un nuevo mandato presidencial. El pronunciamiento judicial no cuestiona el apoyo popular al Presidente sino la legalidad de las actuaciones que permitieron la enmienda. La Corte, citando a Jefferson, señala que “los fines políticos no justifican medios inmorales”. La corrupción no puede generar derechos ni mayores prerrogativas. La constitucionalidad de la reforma de la reelección debe ser examinada a la luz de estas nuevas circunstancias. El artículo 241 de la Constitución establece que al Tribunal Constitucional le corresponde examinar la constitucionalidad de los actos reformatorios de la misma por “vicios de formación en su procedimiento”. Si el acto legislativo fue producto de acciones ilegales, ningún pronunciamiento popular puede subsanar el delito que le dio vida.

Y este es, precisamente, el nudo central de la crisis. Un referendo para que el “pueblo ordene la inmediata repetición de la elección presidencial” es improcedente y causa distracción. Es contrario a los principios y valores de la Constitución de 1991 por varias razones. En primer término, porque lo que se cuestiona no es tanto el nivel de apoyo popular al Presidente, sino la existencia de una conducta delictiva que debe sancionarse. En un Estado de Derecho, el pueblo no purga acciones criminales. Toda democracia constitucional se edifica sobre dos pilares: la regla de la mayoría y la existencia de poderes institucionales contra mayoritarios. Por eso existe la independencia de la justicia y el juez constitucional. En medio de una crisis como la actual, reducir el estado de derecho a la expresión de las mayorías, nos coloca al borde de un colapso institucional, que anula la división de poderes. En segundo lugar, porque la figura de “repetir” la elección del Presidente, puede bloquear las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema y legitimar la impunidad. En tercer lugar, porque si la Corte Constitucional encuentra que el acto legislativo tuvo un vicio en su formación, éste no puede producir efectos en el tiempo. Y, en cuarto lugar, porque llegaríamos no sólo a la convalidación de un acto ilegal sino a la extensión del mandato presidencial sin haber cambiado previamente la Constitución.

El anuncio del Presidente genera un “salto al vacío”. Pasamos de una crisis política a una crisis institucional que se lleva por delante lo que encuentre. La “solución de las urnas”, la “regla democrática” encierra un poder sin control. Sin duda, un régimen de cesarismo autoritario. La muerte de la Constitución de 1991. Es urgente un acuerdo de todos por una política limpia, sin impunidad.

A la combinación de formas de Uribe, donde todo vale, nosotros tenemos que responderle con una actitud propositiva, no sectaria y sobre todo sin adjetivos pendencieros. Hay que ser capaces de seducir a esa ciudadanía que está agotada de los agravios. Que está confundida con semejante carga mediática. Que está hastiada de todo lo que huela a política y que cae en un escepticismo atroz que hace que posiciones aventureras y dictatoriales sean digeridas como las más fáciles de asumir. Toda vanidad personal debe pasar a segundo plano. Debemos empeñarnos en lograr un punto de encuentro que vaya más allá de los partidos. O nos dedicamos a cuidar las parcelas partidistas o facilitamos escenarios amplios de coincidencia. Hacer de la política algo decente no es patrimonio de nadie. Ha quedado claro que muchos de los que acompañaron al presidente Uribe, sin renegar de ello, hoy no lo respaldan en semejante odisea que le propone al país. Ellos también cuentan.

 

 

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