Por: José Manuel Restrepo

Responsabilidad económica de las minorías

Los hechos recientes de España dejan lecciones sobre otros casos similares en Europa, pero también lo hacen respecto de circunstancias similares en el mundo. Las expresiones públicas indican que una minoría en Cataluña (que es minoría en relación con toda España, aun cuando es un número significativo en su región), utilizada, entre otros, por unos políticos de turno, ha querido llevar a Cataluña hasta el límite de declararse en independencia. Lo que pasaron por alto es que dicha declaración, aprobada por mayoría en Cataluña, es violatoria de la Constitución española, lo que supuso la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir lo que a todas luces es una decisión inconstitucional.

Además de lo legal, los catalanes separatistas tampoco han tenido en consideración las consecuencias económicas de sus decisiones. Uno de los argumentos que esgrimen para la separación es que ellos aportan más recursos fiscales al Estado español que lo que España les devuelve en bienes públicos, y ello puede ser verdad. Sin embargo, se les olvida que construir una nación supone esfuerzos solidarios. Seguramente el mismo argumento podría predicarse de Madrid, el País Vasco o Navarra, para quienes es más lo que entregan que lo que reciben, situación que pasa en cualquier país del mundo. El costo de este “egoísmo económico” es que, desde el 2 de octubre, más de 2.000 empresas han abandonado su domicilio principal en Cataluña, lo que tendría un impacto en el empleo (se estima que dichas empresas representan el 30 % del empleo en la región), fuga de capitales y menor recaudo impositivo. Adicionalmente a lo anterior, habría otros impactos negativos por eventuales salidas de la Eurozona y de la Unión Europea en caso de que Cataluña pudiese obtener su independencia.

Dos lecciones se extraen de este caso. De un lado, que las minorías pueden expresarse y reclamar sus derechos en el marco del respeto a la ley y la Constitución, pero que no lo pueden hacer, o deben someterse a las consecuencias, cuando, siguiendo vías de hecho, pretenden actuar. Lo que sigue ahora para los miembros del gobierno catalán es que serán posiblemente acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Esta lección viene como anillo al dedo en el caso de grupos minoritarios indígenas en Colombia, que, en el marco legítimo de una protesta social, atentan contra las mayorías y en algunos casos desbordan lo que la ley permite. Nadie niega los justos reclamos en cuanto a su inclusión en el Acuerdo de Paz, el respeto a sus derechos humanos, en especial por el asesinato por el Eln de un gobernador indígena, y el incumplimiento de los acuerdos de mingas anteriores; pero también es poco entendible que un reclamo justo se convierta en que la mayoría de la población sufra aumentos de precios de productos básicos por el bloqueo de carreteras, impedimentos al desplazamiento de mercancías para el comercio y deterioro del consumo tan necesario en momentos de desaceleración económica. Pero, peor aún, que ahora este tipo de protestas utilicen objetos contundentes y explosivos y que den lugar a que de lado y lado haya más de 60 heridos o a que policías sean retenidos ilegalmente.

La segunda lección es que las minorías, en sus actuaciones, deben asumir la consecuencia de sus decisiones, no sólo para sí mismos, sino frente a los demás afectados con su actuación. Es el caso de las expresiones populares válidas a través de consultas de varios municipios del país que han tomado la decisión de oponerse a la extracción minera en sus territorios, tristemente, en algunos casos, animada por grupos políticos interesados. El punto es que dichas decisiones pueden tener impacto en las grandes mayorías por menos recursos para toda una nación y por el impacto negativo que esto trae en animar la minería informal. Se trata de decisiones que, por sus efectos de incertidumbre en los inversionistas, ponen en riesgo el 11 % del PIB, 20 % de las regalías que benefician a muchas regiones de Colombia, 23 % de los impuestos que se pagan al Gobierno y fácilmente unos 200.000 empleos directos.

Minorías hablando, sí, pero acordes con la ley y respondiendo por el impacto para todos.

[email protected], @jrestrp

 

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