Por: Jorge Iván Cuervo R.

Responsabilizar a Uribe

A raíz del regreso a Colombia de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, todas las miradas apuntan hacia el ex presidente Uribe como la persona que habría ordenado las interceptaciones ilegales a las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, y seguimientos y campañas de desprestigio a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, no solamente porque administrativamente ese organismo de inteligencia dependía de la Presidencia de la República, sino porque su gobierno era el principal beneficiario de la llamada inteligencia estratégica – operaciones abiertamente ilegales - que se realizó durante esos ochos años, y que empezó con Jorge Noguera, ese buen muchacho que puso el DAS al servicio del paramilitarismo.

Ahora, una cosa es decirlo y quererlo, y otra muy distinta es poderlo probar, dado el diseño institucional del Estado colombiano que prácticamente hace impune penal y políticamente al jefe del Estado por hechos ocurridos en ejercicio de su investidura. Ahora, no es la primera vez que el DAS actuó para darle gusto a un presidente, podría decirse que esa es su función y la de todas las agencias de inteligencia en el mundo. Pero una cosa es ser la agencia de inteligencia del Estado y otra es serlo del gobierno de turno, porque los objetivos dejan de ser estratégicos para la defensa de la seguridad nacional y convertirse en una auténtica policía política.

Son tres los escenarios donde se podría investigar al ex presidente: uno en Fiscalía por su actuaciones al frente de la gobernación de Antioquia con juicio en la Corte Suprema de Justicia; otro en la Comisión de Acusaciones con juicio en el Senado por su actuaciones como presidente de la república, y otro en la Corte Suprema de Justicia por su actuaciones como senador actual, salvo que se aplique una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 2011 en el caso del ex alcalde de Bucaramanga, Honorio Galvis, donde la Corte consideró que a pesar de ser investigado por hechos ocurridos como alcalde, una vez como Senador ese Tribunal adquiría competencia por el fuero de congresista.

Las operaciones realizadas por el DAS durante esos ocho años no pueden considerarse una acción aislada de personas que se desviaron de sus funciones por quedar bien con sus superiores. De las declaraciones de ex funcionarios del DAS se puede deducir que el ex presidente Uribe, al menos estaba al tanto de lo que estaba pasando, tal y como lo señaló el ex director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, cuando dijo reunirse con el ex secretario de Presidencia para que se enfocara en la búsqueda de información contra personalidades políticas y periodistas http://lasillavacia.com/historia/16849; o las del subdirector de Inteligencia, Jorge Alberto Lagos, quien dijo haberse reunido en el Palacio de Nariño con el círculo más cercano del Presidente (Moreno, Del Castillo, Velásquez, Eastman, Gaviria, y Hurtado) para informar de algunas de las acciones de seguimiento y pesquisa a magistrados de la Corte http://www.semana.com/nacion/articulo/jefe-contrainteligencia-del-das-salpica-entorno-uribe-casa-narino/123506-3; o los señalamientos de William Romero en la entrevista a El Espectador http://www.elespectador.com/noticias/judicial/tabares-me-dijo-putas-vamos-hacer-corte-articulo-542685 que dan cuenta de que se trataba de una operación institucional diseñada desde el DAS y conocida y aceptada en el Palacio de Nariño.

De todos modos, si Hurtado y ese círculo cercano no señalan directamente al ex presidente, será difícil deducir una responsabilidad penal a partir de las responsabilidades funcionales.

@cuervoji
 

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