Por: Andreas Forer

Restitución de tierras. Una oportunidad para la reparación integral

 

El proyecto de Ley de Tierras radicado esta semana por el Ministro de Agricultura, propone entregar a las Salas Agrarias (o las que cumplan sus funciones) de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, para que asuman los procesos de restitución de tierras a víctimas del despojo como consecuencia de la violencia. Otra propuesta novedosa es la inversión de la carga de la prueba (a través de una presunción), que radica en que será el actual poseedor de la tierra quien deba probar la legalidad de la tenencia del bien, y no la víctima quien deba probar su desplazamiento. Esto muestra una firme intención del nuevo gobierno por dar prioridad a un tema que históricamente ha sido generador del conflicto.

Burocratizar este proceso con la creación de una ‘Unidad Administrativa Especial de Gestión para la Restitución' que detente el poder para tramitar las solicitudes de restitución, puede implicar procedimientos jurídicos engorrosos que en muchas ocasiones y de acuerdo a la situación de los hechos, encuentre dificultad para dar solución a procesos donde haya más de una víctima sobre el mismo bien. Pues recordemos que los desplazados son el fruto de hechos como despojos, ventas forzadas, traspasos ilegales entre muchas otras formas de victimización.

Por otro lado, para que las restituciones sean exitosas se necesita no solamente un fallo judicial. También es importante que el gobierno genere un proceso de acompañamiento institucional que de garantía a las personas retornadas, no solo en cuestiones de seguridad (invocando a las garantías de no repetición), sino además en las capacidades técnicas para poder hacer productivas estas tierras y restituir sus derechos ciudadanos a plenitud. Estas acciones constituirían un modelo de reparación integral, de las cuales he hablado en mis anteriores columnas.

Como un ejemplo en la práctica de las medidas que se adoptarían en el marco de este proyecto de Ley, fue la restitución que se hizo el 2 de septiembre en San Pedro de la Sierra a la Cooperativa Agrícola San Carlos, compuesta por 24 familias de campesinos, a quienes el INCORA les adjudicó unos predios en 1998. Esta comunidad fue desplazada primero por grupos guerrilleros y luego por paramilitares durante 7 años. La Unidad de Justicia y Paz se solicitó ante la Magistrada de Control de Garantías de Barranquilla la restitución provisional de estos bienes mostrando todo el acopio documental y recurriendo a herramientas del derecho civil para argumentar la adopción de estas medidas previas al pronunciamiento por parte de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz.

La Jornada a pesar de ser difícil por la inconformidad de los actuales ocupantes para desalojar los predios, pudo tener un fin exitoso, en donde se evidenció la importancia de la articulación interinstitucional (a pesar de la inasistencia de Acción Social). Sin embargo, esto es solamente el primer paso, pues ahora la comunidad de campesinos que decidió retornar, recibió unas tierras que desde el momento de su desplazamiento no han sido destinadas para la producción agrícola y hoy en día es necesario hacer una gran inversión para convertirlas nuevamente en fincas cafeteras como era su original uso.

Este caso constituye una oportunidad, que puede ser "apadrinada" por el Ministerio de Agricultura para que realice las medidas de acompañamiento necesarias y de esta manera, se implementen medidas de reparación integral de las cuales tanto se ha escrito y no se deslinde el proceso de "reforma agraria" del actual proceso de Justicia y Paz.

 

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