"El aislamiento preventivo obligatorio se extenderá hasta el 27 de abril": Iván Duque

hace 12 horas
Por: Eduardo Barajas Sandoval

Retorno de fantasma septuagenario

En la llamada democracia más grande del mundo aparece la sombra de un criterio de discriminación que puede devolver setenta años el reloj de la historia. La modificación de la “Ley de ciudadanía” en el sentido de acelerar el trámite de las aplicaciones de solicitud de nacionalidad india para refugiados de los países vecinos, siempre y cuando no sean musulmanes, ha producido el reclamo de cientos de miles de ciudadanos, de todas las regiones y denominaciones religiosas, contra lo que consideran negación de la condición democrática del país.

Según el nuevo ordenamiento, todos los hindúes, cristianos, budistas o sikh, que hayan migrado hacia la India antes de 2014, procedentes de Bangladesh, Pakistán o Afganistán, pueden reclamar la ciudadanía india, mientras que, de manera expresa, se niega el mismo derecho a quienes sean musulmanes. Como complemento, el gobierno pretende adelantar una especie de depuración de la “lista de los ciudadanos indios”, que despierta el temor de que la gente más pobre, de bajo nivel de documentación, encuentre difícil probar su nacionalidad. Situación que se agravaría si esa gente llega a ser por casualidad musulmana, pues lo más posible es que termine recluida en centros de detención, como ha sucedido en el Estado de Assam, donde hijos de inmigrantes musulmanes provenientes de Bangladesh han sido clasificados por tribunales especiales como “de dudosa condición respecto de su nacionalidad”, a pesar de haber nacido en India hace más de medio siglo.

Sin perjuicio de que el problema de la migración ilegal sea particularmente difícil de manejar para el gobierno, las medidas adoptadas no pueden sino traer a la memoria histórica de la nación, y de los países vecinos, el proceso dramático de la división de la entonces India Británica, hace algo más de setenta años, precisamente sobre la base de consideraciones religiosas, cuando los musulmanes fueron confinados a los extremos noroccidental y nororiental del subcontinente, para dar lugar a la aparición, primero de Pakistán y después de Bangladesh, dejando a la India el resto de un territorio que estaría destinado a los hindúes, budistas y además de denominaciones religiosas minoritarias.

La reaparición del fantasma de la discriminación religiosa por parte del Estado, en pleno Siglo XXI, no puede sino revolver los sentimientos tanto de la comunidad musulmana, hoy de algo más de doscientos millones de personas a estas alturas de la vida independiente de la India, como de los defensores del pluralismo, el secularismo, y el respeto institucional por el fuero interno de las personas. De manera que, con justificada razón, la medida ha suscitado preocupaciones muy grandes sobre la vigencia y el peligro de violación de principios esenciales del modelo democrático en pos del cual se ha luchado en todo el mundo a lo largo de muchas décadas.

En un país caracterizado por una tradición de contestación, inaugurada en forma pacífica por Mahatma Gandhi, y desarrollada de otras maneras por diferentes actores, se ha desatado una reacción amplia y profunda en la que han hecho presencia, unidos bajo los mismos lemas, miembros de diferentes religiones y de todo tipo de agrupaciones sociales. El argumento unificador de la reacción social contra los abusos legislativos ha sido la advertencia del peligro de un supuesto “proyecto nacionalista indio” que pondría en peligro no solo los derechos sino la supervivencia misma de ciertas comunidades, principalmente la musulmana, al interior de ese país gigante y complejo.

Las manifestaciones contra la nueva ley y la política gubernamental van desde la protesta callejera hasta consideraciones académicas y constitucionales. Todos comparten su preocupación respecto de las implicaciones de un manejo institucional que contradice los parámetros democráticos de los que se precia un país que no cesa de reclamar un lugar de privilegio en el panorama internacional, sobre la base de la combinación de su sistema político con sus avances científicos y su poderío militar.

La reacción del gobierno ante las protestas ha resultado retadora de los sentimientos y de la capacidad de movilización ciudadana. Medidas policivas, como la prohibición de reuniones de más de cuatro personas en ciertas áreas, o invasoras de libertades elementales, como la suspensión del flujo de internet, para evitar el accionar a través de las redes sociales, solamente han servido para aumentar el descontento popular. Y en el orden de las razones, el argumento de que la ley, tal como quedó ahora, trata de defender a los hindúes de la persecución de la que son objeto en países vecinos, de mayoría musulmana, solamente ha venido a confirmar su insistencia en un discurso nacionalista que solamente puede contribuir a la polarización, la discordia y la discriminación.

El problema mayor radica en el hecho de que el Primer Ministro Narendra Modi ha sido el abanderado político de una línea dura de discriminación por razones religiosas, que se puso de manifiesto desde hace años, cuando era Ministro Principal del Estado de Gujarat. Entonces fue acusado de promover comportamientos sectarios que generaron violencia en contra de miles de musulmanes. De manera que su llegada al poder en 2014 condujo a que fuera previsible un comportamiento similar desde el ejercicio del ejecutivo en el nivel nacional. Y si bien su discurso radical no tuvo mayores consecuencias en su primer mandato, el poder adquirido luego de la arrolladora victoria que le confirió un segundo período de gobierno parecería haber disparado una agenda de acciones en contra de los habitantes no hindúes del país, que en opinión de observadores imparciales llevaría al relego de millones de indios musulmanes a la condición de ciudadanos de segunda clase.

Si la idea es la de volver a definir, de manera restringida, las condiciones bajo las cuales alguien se puede reclamar como indio, solo se puede esperar un alejamiento de los principios fundacionales de la federación. Entre ellos aquel que Jawaharlal Nehru, el fundador, reclamaba con único camino para consolidar un desarrollo democrático, como es el de “la remoción de cualquier concepto de diferencia, desde el punto de vista político, entre miembros de cualquier tipo de mayoría o minoría”. Asunto difícil, pero no imposible, de llevar a la práctica en las condiciones de un país de tradiciones políticas propias, muy diferentes de las del mundo occidental, caracterizado por la pobreza, el analfabetismo y la extraordinaria diversidad social, como lo advierte el profesor Madhav Khosla.

Ahí está otro país afectado por la oleada de radicalismo protagonizada por gobiernos de corte nacionalista. También la reacción popular que protesta contra tendencias que pueden alejar de los principios fundacionales escritos en textos constitucionales que se van quedando escritos ante la indolencia de una clase política que anida en el parlamento y apenas escucha de lejos los ecos de la calle como si fueran cosa ajena. Como si los políticos que recogen los votos y cosechan beneficios no tuvieran nada que ver en el asunto, mientras el ejecutivo, frente a la reacción popular, apela al nacionalismo, que no es otra cosa que populismo fácil de vender aunque de consecuencias funestas, porque pretende solucionar problemas complejos con fórmulas simples, que todo lo que hacen es agrandar las crisis que quisiera resolver.

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