Retos del Ministro de Agricultura

El mensaje del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, al Congreso y a los colombianos ha sido muy claro: la recuperación económica sostenible y la convivencia nacional pasan por transformar las condiciones de inequidad y desamparo en que ha sido sumido el campesinado colombiano, en especial los millones de ellos que fueron desplazados de manera forzada en los años recientes.

Y expresó su convicción de que el gobierno del presidente Santos cuenta con la voluntad política para realizar, de forma gradual pero irreversible, las transformaciones agrarias tantos años aplazadas. Si aún estuviéramos en campaña electoral, este discurso sería catalogado de populismo izquierdista. Hoy es un reto político ambicioso que puede hacerse realidad.

Pero hay un aspecto central que no fue asumido por el Ministro en su presentación: el modelo de desarrollo agrícola emprendido por la administración Uribe, y que sigue ejecutándose a toda marcha, consiste en consolidar la agroindustria de los biocombustibles para consumo del parque automotor nacional e internacional, esto último cuando se materialicen los tratados de libre comercio suscritos. En efecto, el Plan Energético Nacional 2006-2025 contempla incrementar el área cultivada en caña de azúcar, de 477.797 hectáreas (2009) a un millón (3’892.221 has., según el ministro de Agricultura anterior); en palma africana se pasará de 364.343 has. actuales a tres millones en 2025. Si sumamos otros agrocombustibles como yuca, higuerilla, jatropha, sacha inchi, etc., según el modelo uribista se alcanzarían siete millones de hectáreas de agrocombustibles. Sí, leyó bien: siete millones. Hoy, en cultivos tenemos algo más de cuatro millones. Si usted quiere que sus hijos y nietos conozcan el paisaje colombiano biodiverso: tómele una foto hoy.

 Aparte de los costos ambientales asociados a los monocultivos y al precario balance energético de los biocombustibles (Mae-Wan-Ho), y aparte también de los costos sociales de la reconversión productiva acelerada del sector agrícola, incluido el desplazamiento forzado de campesinos en los casos documentados de palma africana, bien haría el ministro Restrepo en detenerse en el estudio de la UPME del Ministerio de Minas de 2007, el cual advierte sobre los riesgos de este modelo empresarial en Colombia.

En resumen, la UPME demuestra que el mercado nacional de alcohol carburante, etanol, es decreciente, dados el aumento en el uso de motos, la sustitución de gasolina por diésel y gas natural comprimido, y las innovaciones en la industria automotriz para ahorrar gasolina. La industria en la actualidad pelecha grandes ganancias porque el Gobierno le aseguró el mercado interno, haciendo obligatoria la mezcla de etanol con gasolina al 10% desde 2001 y al 20% a partir de 2012 (Decreto 2629 de 2007). Y también porque estableció un precio al etanol que es un claro subsidio a la industria, pagado por los consumidores. Pero cuando entre en vigencia la mezcla al 20%, los carros viejos, algo así como el 64% del parque automotor, sufrirán pérdidas irreparables porque los motores y los elastómeros (piezas de caucho) no están condicionados para tan alta mezcla. La salvación de los azucareros estará entonces en la entrada en vigencia de los TLC y que, además, Estados Unidos mantenga el impuesto de 54 centavos de dólar por galón de etanol a Brasil. De lo contrario la sobreproducción nacional tampoco podrá competir con la oferta brasileña.

En el caso del biodiésel el panorama es más oscuro. El mercado nacional se saturará con los proyectos en curso, aunque se pase de una mezcla obligatoria del 5 al 20% según el decreto citado. Pero exportar biodiésel requiere mantenerlo a una temperatura por debajo del “punto de nube”, 16 grados centígrados, y Colombia no cuenta con esa tecnología. En suma, a pesar de las excepcionales condiciones de precio y mercado creadas por el gobierno Uribe a los biocombustibles, de la exención de impuesto de renta, subsidios por tardío rendimiento, cero arancel a las importaciones, régimen de zonas francas a las refinerías, créditos subsidiados, Ley de Agro Ingreso Seguro, etc., este negocio es muy riesgoso en el largo plazo.

Pero el aspecto central que deben definir los ministros de Agricultura y de Minas es si mantienen el modelo de agrocombustibles subsidiados para consumo de la industria automotriz nacional y extranjera, basado en la gran propiedad territorial, o al contrario se deciden por alguna forma de economía campesina, inclusive asociada a la industria de biocombustibles, como lo propone Lula en Brasil, pero que garantice la seguridad alimentaria estratégica de los colombianos.

 Jorge Pulecio. Bogotá.

De Asocolflores sobre un editorial

En nombre de Asocolflores, de su Junta Directiva y en el mío propio, deseamos destacar el excelente editorial publicado el día de hoy (viernes, septiembre 10) por El Espectador donde, además de alertar sobre las consecuencias negativas de la revaluación, propone importantes medidas económicas para revertir dicha tendencia y, así, salvar los miles de empleos que generan las actividades productoras de bienes transables intensivas en mano de obra, como lo es la floricultura.

 Augusto Solano.  Presidente de Asocolflores. Bogotá.

Ofensiva terrorista

Culpar al ministro Rivera y al mando militar de la ofensiva que están llevando a cabo los terroristas con sus restos, no es serio. Es necesario mirar en otra dirección: ¿en cuánto ha incidido la ofensiva usando los otros medios de lucha, especialmente la guerra jurídica que la jauría, incluyendo la judicial, ha emprendido contra los guardianes de la heredad?

Afectar la capacidad de lucha y la moral de su enemigo y después emprender una ofensiva terrorista es el producto de una doctrina bien aceitada. Aquí están afectando la percepción de seguridad de los colombianos por medio de la herramienta por antonomasia de las operaciones sicológicas: el terrorismo.

Es inocente pretender que nuestros soldados y policías continúen con el impulso que hizo posible la seguridad que ahora gozamos y que si no cuidamos, muy pronto perderemos.

 Francisco Jiménez. Bogotá.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.

 

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