Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Revocatoria judicial

La justicia colapsó y más que una reforma se necesita una revolución que sacuda las altas cortes, atrapadas en la corruptela clientelista. Por algo las encuestas muestran que el 71% de los colombianos tiene pésima opinión de sus jueces.

La Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura confecciona listas de aspirantes a la Corte Suprema y el Consejo de Estado a la medida de la camarilla que, con el visto bueno del procurador Ordóñez, decide quién debe ser elegido o vetado. Los recientes nombramientos en la Corte ratifican la fuerza electorera del grupo liderado por la doctora Ruth Marina Díaz, también hija y beneficiaria del tú me eliges, yo te elijo. En el Consejo de Estado, por decir lo menos, sigue vigente la excluyente paridad política. Y ambas corporaciones dilatan los nombramientos, porque cada uno es una movida de un complejo ajedrez politiquero. La Corte Constitucional tampoco es ajena al clientelismo, pues allí tienen asiento peones del anterior gobierno o personas que nunca debieron alcanzar esa dignidad. Y en el Consejo de la Judicatura bastan los escándalos del magistrado Villarraga y la llegada de otros indeseables.

A eso se suma la podredumbre de unos magistrados llenos de canonjías burocráticas en la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Tan grave es el mal, que en el litigio que se sigue contra Francisco Ricaurte y Pedro Munar por haber sido designados por sus excompañeros de la Corte como magistrados del Consejo de la Judicatura —pleito en el que soy uno de los demandantes—, el abogado de estos —Mario Alario Méndez, otro consentido contratista del carrusel de la Contraloría— tuvo el cinismo de pedir al Consejo de Estado que no anule los nombramientos de sus mandantes, porque esa Corporación hizo lo mismo al postular a Alejandro Ordóñez para procurador, pues varios consejeros elegidos con el concurso de éste último participaron en la decisión de convertirlo en candidato a jefe del Ministerio Público (http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/12/08/noticias/nacional/demanda-contra-la-eleccion-de-magistrados).

Hay que transformar el sistema judicial para que el ciudadano del común tenga justicia, y esas modificaciones no es posible concertarlas con nuestras desprestigiadas cortes. Es la hora de que se revuelque la justicia, sea por el Congreso o por una Constituyente, y se revoquen los nombramientos de los magistrados de las cortes, sin excepción, para barajar de nuevo e integrar nóminas blindadas contra la tentación clientelista, el halago de los homenajes de los subalternos, o el tráfico de influencias. Caído Rojas Pinilla, también la Corte fletada por la dictadura estaba desprestigiada, y la reforma de entonces consistió en revocar a todos los magistrados, que fueron reemplazados por juristas independientes. Estoy seguro de que hoy algunos de los togados que comparten estas inquietudes, en un gesto de dignidad, estarían dispuestos a dar un paso al costado para facilitar la solución.

El Gobierno tiene la palabra; ojalá se cumpla la advertencia del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, según la cual “los consensos matan las reformas” y promueva una propuesta a salvo de conciliaciones con las cortes o del consejo de comisiones de notables lagartos. En todo puede equivocarse, pero no en el futuro de la maltrecha Rama Judicial, menos ahora si nos llega la paz de La Habana. La justicia del posconflicto tiene que ser otra y diferente.

Adenda. Aunque no he estado de acuerdo con todo lo que el Gobierno ha hecho con ocasión del fallo de La Haya, en lo que tiene que ver con el alboroto injustificado por no interponer el recurso de revisión, estoy completamente seguro de que esa determinación fue la correcta y que no hay motivo para suponer que los abogados de Colombia, liderados por el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, recomendaron esa postura por motivos innobles o negligencia. No faltaba más que los abogados tuvieran que ser investigados por asesorar al cliente dentro del marco de la ley, o porque no están de acuerdo con lo sugerido en un libro escrito por personas respetables pero ninguno reconocido como abogado litigante.

 

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