Por: Alberto Donadio

Rey Cantor

Eran 19 comerciantes que llevaban electrodomésticos para venderlos en Medellín. Habían salido por carretera desde Cúcuta.

 

Cuando pasaron por Puerto Boyacá, los paramilitares los mataron, los despedazaron y los botaron a un caño. Algunos familiares al principio los dieron por desaparecidos. Fueron a buscarlos al mismo hotel donde los comerciantes se habían alojado. Allá les dijeron que se devolvieran pues unos señores que llegaron en unos camperos habían dicho: “huele a carne nueva”. Después se supo que los paramilitares mataron a los comerciantes porque no pagaban impuesto por transitar con mercancías en esa región y porque creían, erradamente, que vendían armas a la guerrilla. Ese fue el caso de la matanza de los 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987.

Casi 20 años después, en una reunión en Bogotá en que estaban muchos de los 150 hermanos, cónyuges, hijos y padres de las víctimas, entró al recinto un señor menudo de regular estatura. Los familiares lo ovacionaron. Era Ernesto Rey Cantor. El gobierno colombiano lo había nombrado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de los comerciantes. La Corte, en una sentencia que también firmaron jueces de Barbados, Brasil, Venezuela, México, Chile y Costa Rica, ordenó pagarles a los familiares las indemnizaciones que los tribunales colombianos todavía estaban estudiando.
Rey Cantor aspira ahora al cargo de defensor del Pueblo. Él nació en Fusagasugá y fue magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca durante siete años. Está dedicado a la enseñanza del derecho. Es experto en derecho constitucional y administrativo y en derechos humanos. Es un expositor que se expresa en un lenguaje sonoro y comprensible. Es un gran comunicador. Conoce las organizaciones indígenas. Tiene, a los 60 años, una cualidad que es difícil de hallar: la fe y el fervor por el derecho que ya quisieran tener los estudiantes de primer año de abogacía. Por su adhesión a las leyes es literalmente de puro centro democrático, en minúscula.

En los últimos 21 años, cuatro han sido los defensores del Pueblo: Jaime Córdoba Triviño, José Fernando Castro Caycedo, Eduardo Cifuentes Muñoz y Vólmar Pérez, que termina dos períodos más un año del período de Cifuentes, que renunció para ocupar un cargo en la Unesco. La trayectoria del cargo se parece a una montaña rusa. Empezó en buen ascenso con los dos primeros, luego registró la subida vertiginosa con la reconocida magistratura moral que ejerció Cifuentes y después vino el descenso vertical. Si el conservador Vólmar Pérez hizo una labor en nueve años, la cumplió en silencio y es hora de que el pueblo hable por él. En materia de defensa, Pérez tiene una distinción que no le quita nadie. Es la única persona en la Vía Láctea que todavía defiende a ese personaje nefasto y ministro arbitrario que fue Lucio Pabón Núñez, su coterráneo de la región de Ocaña. El doctor Pavor Núñez.

Es hora de que la Defensoría del Pueblo vuelva a tener un defensor público. Que la V de la montaña rusa vea otra vez una pendiente. Que en los litigios sociales que se viven, en la restitución de tierras, por ejemplo, la voz del defensor se haga sentir como abogado de los desposeídos de voz y de tierra.
Muchas de las injusticias que se cometen en Colombia, por ejemplo contra los indios, las empezó a denunciar hace 500 años el padre Bartolomé de las Casas. Si no se corrigen, por lo menos que el defensor del pueblo indígena, del pueblo negro, blanco y mestizo que es siempre víctima inmarcesible, se haga escuchar y se convierta en vocero visible de quienes sufren los abusos y atropellos.

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