Por: Cecilia Orozco Tascón

Riesgo de persecución oficial

Publicar sobre alguien que “tiene pinta de puta” no solo es un acto atroz de discriminación de género. Además, encierra una carga de ira que puede explotar de cualquier manera, incluso, con violencia física. Si a esa expresión de odio se agrega que “la pinta” tiene relación con la filiación política de las víctimas del señalamiento (“fanáticas petristas”) y el victimario es funcionario directo de la Presidencia de la República, el caso deja de ser uno más, en la lista del anecdotario de los ataques bajos del uribismo, y escala a una situación de riesgo general de persecución oficial. No es exageración: en los escasos seis meses de la administración Duque, importantes miembros de la oposición y no pocos críticos desde la prensa han sido afectados con gestos peligrosos provenientes de empleados del Ejecutivo. No es mera casualidad que ocurra un incidente tras otro, del mismo tipo censor, y que no haya conexión entre unos y otros ni una manifestación explícita del jefe de Estado en contra de estos. Tampoco es coincidencia que los atacantes sean servidores públicos nombrados después de la posesión de Duque o que tengan vínculos con el partido del mandatario. El autor del reciente mensaje, Ignacio Greiffenstein, era el director de televisión de Presidencia hasta hace unas horas. Lo conocí en el oficio hace muchos años. Lo recuerdo tranquilo, reposado y serio. Por eso, me tomó por sorpresa su trino del fin de semana pasada que refleja lo contrario: una personalidad trastornada, similar a la de los delincuentes cibernéticos fletados por la extrema derecha.

Sinceramente, lamento que Greiffenstein haya tomado la opción de ser integrante del grupo censurador oficial junto con: Juan Pablo Bieri, exgerente del Sistema de Medios Públicos, RTVC, quien redujo la libertad de pensamiento de un periodista crítico a una cuestión de estómago (“la mano que le da de comer”); el propio Bieri quien, por interpuesta funcionaria, amordazó a dos comentaristas del programa informativo de Radio Nacional, el día en que iban a entrevistar, en directo, a Duque; la directora del partido de Gobierno, Nubia Stella Martínez, desde cuya cuenta de Twitter se descalificó a la conductora de un programa radial como “jefe de prensa de la rata de Petro (de nuevo contra el petrismo) a la que le debían pagar con fajos de billetes”; el comunicador Carlos Alberto García, manejador de las redes de la Superintendencia de Notariado, quien el pasado mes de diciembre intentó ocultar su autoría en dos trinos injuriosos contra el columnista Daniel Coronell y el reportero independiente Julián Martínez, a quienes llamó “h.p. periodistas de tres pesos” , “bandidos” y “judíos”, denominativo que produjo el reclamo molesto del embajador de Israel en Colombia, por su connotación antisemita; el congresista del uribismo que forzó a su asesora de prensa a retirarse de su unidad de trabajo porque también trinó… pero en contra de Álvaro Uribe. Doble rasero: censura inmediata, si la crítica publicada afecta al Ejecutivo y su partido; protección o silencio cómplice, cuando los mensajes calumnian a los opositores.

Por cierto, el senador Uribe también trinó a favor del insultador de la Superintendencia de Notariado cuando el director de esa entidad lo despidió, después de ser descubierto en sus mentiras, por una de sus víctimas: “Echan a funcionarios que discrepan de Coronell y otro, este último (Martínez) le crea riesgos a funcionario al publicar sus datos”. Pero la solidaridad de Uribe, de su gobierno Duque y de su partido uninominal con sus agresores, va más allá de las frases explícitas. Incluye el mutismo oficial en torno a los intentos de represión de las libertades de expresión o de asociación política de sus contradictores, de lo cual se puede deducir, legítimamente, complicidad y, o, complacencia. No hace falta dictar órdenes de censura por escrito. Es suficiente que los operadores de las tareas sucias sepan que sus jefes están satisfechos con ellos. Y que, después, los recompensarán.

Entre paréntesis. Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde el día de la posesión de Iván Duque como presidente de la República se han reportado 210 ataques a la libertad de prensa, de los cuales 48 son atribuibles a funcionarios públicos.

 

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