A ritmo de tango

Hace 11 años el gobierno de la presidenta Cristina Fernández autorizó la expropiación de Aerolíneas Argentinas y pagó la cifra simbólica de un peso local como valor de la transferencia. La polémica acción fue demandada y aceptada por un tribunal internacional, que acaba de refrendar una resolución de 2017 en la que se condena al Estado por la decisión que tomó la hoy senadora y candidata a la Vicepresidencia de ese país, ad portas de la polarizada campaña electoral con la que el kirchnerismo pretende retornar al poder en octubre próximo.

El fallo de la Corte de Arbitraje del Banco Mundial —que atizó el debate contra la gestión adelantada durante los dos períodos presidenciales de la exmandataria, entre 2007 y 2015— ordena al Tesoro argentino cancelar US$320 millones —de US$1.600 millones que se pedían— por los perjuicios causados al concesionario, tras considerar que el procedimiento fue injustificado, ilegal e inequitativo, e interfirió con los derechos de protección a la inversión privada.

El afectado en su momento fue el controvertido grupo turístico español Marsans, un poderoso emporio del sector que extendió sus antenas y tentáculos por Europa y América Latina, hasta terminar envuelto en escandalosos conflictos financieros y legales que lo obligaron a cerrar una decena de empresas con las que cubría variados segmentos del mercado turístico. Entre ellas figuraba Air Comet, una de sus matrices, que operó servicios de chárter en Colombia hacia 2005, cuatro años antes de cesar sus operaciones por encontrarse insolvente y técnicamente en bancarrota.

Pero la indemnización que se ordena no entrará a sus bolsillos, sino a las arcas de Burford Capital Limited, un fondo buitre que adquirió los derechos del litigio por transferencia del demandante, y que mantiene a tiro de as otra demanda en Nueva York contra el mismo Estado por la expropiación de la compañía petrolera YPF, a la española Repsol, en 2012, durante el segundo gobierno de la presidente Fernández.

Marsans, emanada de la centenaria empresa de viajes del mismo nombre, fundada en 1910 y pionera en España de esta actividad, era propiedad de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, dos reconocidos hombres de negocios que culminaron su influyente carrera empresarial acusados por un largo historial de delitos, que sumaban desde estafa hasta apropiación de fondos, desviación de recursos y subvenciones, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y defraudación al fisco. Pascual, fallecido, y Díaz, detenido y ahora en libertad condicional, protagonizaron en 2010 la mayor quiebra del sector turístico español.

Aerolíneas Argentinas, la línea aérea bandera de ese país, y su subsidiaria Austral, quedaron en manos de ese conglomerado en junio de 2001, cuando el gobierno español la otorgó en cesión, luego de asumir la bancarrota de Iberia, en 1994, y venderla al capital privado. Esta había adquirido a la emblemática compañía argentina en 1990, una vez el presidente Carlos Menem anunció su urgente privatización, bajo el compromiso de no hacer transferible ninguno de los tantos pasivos que la agobiaban y que amenazaban con pararla en tierra.

La compra por parte de Iberia terminó siendo un pésimo negocio para Aerolíneas y un cuello de botella para las finanzas de la estatal española, tejiendo un escenario insostenible para los recursos públicos. Iberia la subordinó a sus intereses, desmanteló su flota de aviones, le vendió activos e invirtió solo parte de los US$1.900 millones que durante un quinquenio le otorgó el gobierno español para capitalizarla y alivianar su crítica situación.

Sin embargo, el manejo de siete años dado por el grupo Marsans tampoco solucionó nada y, al contrario, agudizó su crisis. Se denunció, entonces, que el emporio turístico abandonó su gestión comercial, la utilizó para beneficiar a sus demás empresas, en particular Air Comet -la joya de la corona-, y algunas anexas creadas para cubrir mercado en países suramericanos. La historia dada a los recursos del gobierno español para insistir en su capitalización se repitió. Los dineros públicos se desviaron, e incluso Marsans los destinó para comprar su deuda y posteriormente asumir la posición de acreedor.

Las irregularidades cometidas en contra del ruinoso patrimonio de Aerolíneas por parte del grupo español fue el puntillazo para que el Estado argentino, bajo la presidencia de Cristina Fernández, decidiera llevar adelante la imperfecta expropiación de la empresa, en aras de garantizar su supervivencia y el empleo de millares de trabajadores locales.

Hoy el gobierno del presidente Mauricio Macri vuelve a acariciar la idea de privatizarla, porque Aerolíneas sigue convertida en una dura carga para las frágiles finanzas del país austral. La línea aérea continúa dando pérdidas, y la millonaria condena del Banco Mundial mantiene en jaque su supervivencia y pone aprietos el presupuesto nacional.

La falta de riguroso control y vigilancia del gobierno argentino a lo largo del difícil trayecto de Aerolíneas por la península ibérica, sumado a la eufórica y controvertida decisión de depositar un peso simbólico para retomar la empresa, hoy pasa una costosa cuenta de cobro. Y a ritmo de tango, mientras hace palidecer de la codicia hasta el más perezoso de los fondos buitre, amenaza con aterrizarle las aspiraciones vicepresidenciales a la nacionalista candidata.

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@Gsilvar5