Por: Arlene B. Tickner

Rituales de regañado

En cuestión de semanas, Iván Duque y Colombia fueron blanco de dos reprimendas públicas por parte de Donald Trump en las que este afirmó que el presidente colombiano era un buen tipo pero que no había hecho nada por Estados Unidos en el tema de drogas, que el narcotráfico había crecido 50 % y que, al igual que El Salvador, Guatemala y Honduras, el país estaba enviando sus delincuentes más peligrosos al norte.

La reacción colombiana ante ambos pronunciamientos reflejó la sorpresa y el reclamo de un niño sumiso que ha sido regañado sin saber bien por qué. Después de recordar que él solo rinde cuentas al pueblo colombiano, Duque insistió en los logros de su Gobierno en la lucha antidrogas (es decir, rindió cuentas), no sin antes evocar la responsabilidad compartida de “otras” naciones. Haciendo eco de esto, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que Trump conoce los “inmensos esfuerzos” hechos por el actual mandatario y que este “recibió la herencia maldita de la administración anterior”. El expresidente Uribe remató que la culpa de todo es de Juan Manuel Santos y de Barack Obama, por apoyar un acuerdo “impune”, y que Estados Unidos no tiene mejor aliado que Duque. Por si a Washington le quedara alguna duda sobre la obediencia colombiana, durante la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, a Cúcuta, hace pocos días, Duque aprovechó para recordársela una vez más.

Las pullas de Trump pueden atribuirse a su acostumbrada ramplonería, hasta con sus aliados más cercanos, al hecho de que considera a Colombia y América Latina su patio trasero, y a una estrategia de campaña entre sus bases electorales nacionalistas, xenófobas y racistas. Sin embargo, sumados a los pronunciamientos y las acciones de otros funcionarios —incluyendo el montaje de la DEA en el caso Santrich—, también refleja una presión sistemática para que Colombia acoja las exigencias estadounidenses en la “guerra contra las drogas”, en especial en lo concerniente a cultivos de coca y extradición de exguerrilleros. No de otro modo puede entenderse el respaldo del embajador Kevin Whitaker a las objeciones de Duque a la Ley Estatuaria de la JEP —que contrasta con la defensa de esta y del acuerdo final de su homólogo en la ONU—, sus intentos infructuosos por influenciar el voto en el Congreso y la no tan sutil exigencia de que se reanude la aspersión aérea con glifosato.

Es obvio que Estados Unidos actúa por interés y no por solidaridad y que espera alguna retribución al brindar asistencia a Colombia. No obstante, el gobierno Santos ganó autonomía al asentar posiciones enfáticas frente a la paz y el narcotráfico, por no mencionar a Venezuela, y Washington no tuvo alternativa sino respetarlas, pese a que no siempre le gustaran. Sin pretender minimizar la gravedad de la explosión de hoja de coca en el país, al no tener políticas claras y al priorizar el beneplácito estadounidense por encima de las necesidades propias, Duque ha reducido dramáticamente los márgenes de maniobra colombianos y abierto la puerta a que Estados Unidos “apriete las tuercas” e imponga sus intereses, que no son los mismos que los nuestros. Y le está saliendo el tiro por la culata.

 

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