Por: Yohir Akerman

Sacrificio

El 22 de enero de 2010 se dio una importante reunión en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El encuentro fue entre asesores del embajador y miembros del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El director del IICA, Christopher Hansen, y algunas personas de su equipo acudieron a la embajada para hablar del, en ese momento, naciente escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) que posteriormente dejaría en prisión al exministro Andrés Felipe Arias.

Entre americanos hablaron en confianza del tema y todo eso quedó resumido en un viejo cable diplomático que ha pasado bastante desapercibido.

Desempolvémoslo.

Lo primero que establecieron los funcionarios del IICA a su gobierno, por medio de los representantes de la embajada americana, fue que el organismo estaba siendo utilizado por el Ministerio de Agricultura como chivo expiatorio del escándalo ante los medios.

En dicha reunión quedó claro, según el documento, que la estrategia del Gobierno colombiano se orientaba a inculpar al IICA cuando “el Ministerio de Agricultura era el que había fijado las reglas de juego del programa”. (Ver Confidential Bogota 3611).

Los miembros del equipo ratificaron que el papel del IICA en el programa de AIS fue evaluar únicamente la viabilidad técnica de los proyectos, especialmente en materia de drenaje e irrigación, y que el programa estaba diseñado para que el IICA no pudiera tener voz ni voto sobre los favorecidos ni sobre la manera de subdividir las fincas. Los principales problemas del programa. (Ver Subdivision).

Además, según lo resaltó el cable diplomático, precisaron que el ministro Arias siempre tuvo plena visión sobre la totalidad del programa y tomó todas las decisiones importantes, especialmente las de quiénes eran exactamente los beneficiarios finales. (Ver Recipients).

Es importante recordar que esa política pública, impulsada por Arias en 2007, pretendía “promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar el sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”.

La realidad fue otra.

Gracias a una investigación realizada por la desaparecida revista Cambio, se comprobó que $26.000 millones de pesos de ese programa fueron para unas pocas familias, todas adineradas, de la Costa, el Valle y Norte de Santander.

Los miembros de esas familias, obviamente, eran amigos o donantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez o de la campaña presidencial de Arias.

Pero no para ahí.

Lo más irregular de AIS fueron los subsidios que Arias le concedió a la finca del expresidente Uribe. El Decreto 732 de 2008, firmado por el entonces presidente Uribe y el ministro Arias, le concedió $3.297 millones de pesos a La Agropecuaria El Ubérrimo SAS para construir los sistemas de riego de la finca del presidente. (Ver Seis cosas que no quieren que sepas de Andrés Felipe Arias).

Un millón de dólares que se dio de regalo el presidente de mí para mí.

Pero volvamos a la reunión que tuvieron los representantes de Washington y los funcionarios del IICA en enero de 2010.

Lo más preocupante de ese reporte vino del comentario de un abogado del IICA presente en la reunión, quien advirtió que el ministro de Agricultura que reemplazó a Arias, Andrés Darío Fernández Acosta, le había pedido al IICA que ofreciera “un empleado que pudieran sacrificar” por todo lo sucedido.

El informe de la embajada deja claro que, por supuesto, el IICA se negó a tal petición ilegal. (Ver Sacrificial employee).

Fernández Acosta fue nombrado por decreto presidencial el 9 de febrero de 2009 para asumir el Ministerio en pleno momento de crisis por el escándalo de AIS. Un año después de ser nombrado para proteger a Arias, ya estaba pidiéndole al IICA que seleccionara un empleado que pudieran sacrificar.

Interesante palabra.

¿Qué quería decir el entonces ministro? Pues encontrar a una persona sobre la cual pudieran arrojar toda la responsabilidad jurídica del escándalo, para dejar libres de pecado a los efectivamente culpables del peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Vaya, vaya, vaya.

Tremendo sentido de la justicia el de este exministro que el 13 de diciembre de 2011 fue suspendido 11 meses por la Procuraduría General de la Nación, en la misma decisión en la que destituyeron e inhabilitaron a Andrés Felipe Arias por 16 años.

Pero no por haber buscado a un culpable que no era, no. El Ministerio Público encontró que durante el 2009 Fernández Acosta había autorizado gastos de administración y operación del programa AIS por montos que superaban los límites legales.

Por el tema de buscar y proponer un culpable que no era, nunca ha sido perseguido jurídicamente. Por el contrario, Fernández, Uribe y Arias lo único que han hecho es presentarse como perseguidos políticos de este escándalo cuando las pruebas muestran que, desde un inicio, ese grupo conocía bien lo que estaba ocurriendo.

@yohirakerman, [email protected]

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