Saliendo del clóset

Entre el alboroto nacional causado por el requerimiento de un juez ecuatoriano a Juan Manuel Santos y el desenlace de la complicada situación en Honduras, ha pasado relativamente inadvertido un informe, publicado por la revista Cambio la semana pasada, en el que se detallan las negociaciones que Colombia viene realizando en secreto con Estados Unidos para permitir el uso de cinco bases militares en el país. Se trata de una verdadera bomba, no sólo por sus implicaciones domésticas sino por sus posibles repercusiones internacionales.

Al contrario de Ecuador, en donde la oposición permanente de la opinión pública a la base de Manta y más recientemente, del gobierno de Rafael Correa, culminó en la no renovación del acuerdo con Washington, en Colombia el apego a la soberanía nacional se ha vuelto más tenue, en especial porque la colaboración (o intervención) de Estados Unidos ha sido presentada por el Gobierno y percibida por la mayoría de la población como algo que favorece el combate al narcotráfico y la guerrilla. Sin embargo, son muchas las preguntas que suscitan este acuerdo y pocas las respuestas claras.

Además de temas espinosos como la inmunidad —que se ha prestado para todo tipo de delitos— o los beneficios concretos que tendría para Colombia la ampliación de la cooperación militar con Washington —que no son claros si tenemos en cuenta que la lucha antidrogas ha sido un fracaso—, otros detalles del acuerdo podrían afectar negativamente las relaciones externas del país. Primero, al contrario de las operaciones realizadas desde Manta, en Colombia éstas no se circunscribirían a la detección y monitoreo aéreo del narcotráfico sino que incluirían actividades de lucha antiterrorista. Tampoco se limitarían al Pacífico sino que cobijarían al Caribe, a pesar de que dos puestos militares de operaciones avanzadas, en Curaçao y Aruba, ya desempeñan esa función. Un papel blanco reciente del Air Mobility Command de la Fuerza Aérea sugiere el real alcance de las acciones estadounidenses. La base de Palenquero es identificada como un punto satisfactorio desde el cual acceder a zonas estratégicas en todo el continente e incluso en África, dada la negativa de países con mejor ubicación geográfica —Brasil y Guyana Francesa— de suscribir acuerdos similares.

Segundo, las reacciones regionales a una mayor presencia militar de Estados Unidos podrían ser explosivas, y no se limitarían a los casos obvios de Venezuela y Ecuador, con los cuales las relaciones de Colombia empeorarían considerablemente. Se podrían extender a Brasil, cuya preocupación con la intervención extranjera en la Amazonia y aversión a cualquier intento estadounidense de alinear los países de Sudamérica con sus prioridades de seguridad son bien conocidas, y eventualmente, a los demás miembros del Consejo Sudamericano de Defensa.

Ahora que salió la noticia del clóset, el Gobierno debe dejar de meternos los dedos en la boca con afirmaciones cínicas de que no habrá base militar de Estados Unidos en Colombia o que, tratándose de la ampliación de un acuerdo de cooperación ya existente no tiene que pedir permiso a nadie. Se trata de una decisión trascendental que exige un debate abierto y público. No debemos conformarnos con menos.

* Profesora Titular. Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Esta columna no será publicada durante dos semanas.