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El Informe Nacional de Competitividad, presentado la semana pasada, nos sigue mostrando una nación atascada en los viejos problemas que limitan su capacidad de emprendimiento y que la mantienen alejada de las proyecciones —hechas hace una década— de ubicarla en el podio de las economías latinoamericanas para 2032. El balance coincide con el escalafón que presentó meses atrás el Foro Económico Mundial, en el que Colombia quedó ubicada en el puesto 66 entre 137 países calificados.
Las limitaciones institucionales, de estabilidad macroeconómica, de infraestructura, seguridad, comercio exterior, eficiencia en los mercados laboral y financiero, innovación y disposición tecnológica no consiguen superarse y estancan el ambiente en los negocios. Le ponen ataduras al crecimiento económico, asustan a los inversionistas y reducen las posibilidades de generar empleo. Pero sin duda, la desinstitucionalización, reflejada en la corrupción, la inequidad social y la creciente informalidad, es un denominador perverso en este acumulado atraso que afecta la productividad del país.
En el sector turístico el panorama obviamente parece calcado. Entre 136 economías analizadas en el Informe de Competitividad de Viajes y Turismo, elaborado por el World Economic Forum (WEF), Colombia se coloca en la casilla 62 del mundo, la novena en Latinoamérica, y la sexta en América del Sur, después de Brasil, Chile, Argentina, Perú y Ecuador.
Pese a que la propuesta turística del país entró en fase expansiva a mediados de la década pasada, con un alentador aumento de su flujo de viajeros internacionales, los avances para la conquista del mercado son insuficientes, al medirse dentro del marco de una industria que crece de manera vertiginosa y que por sus características actuales brinda especiales oportunidades a los países en desarrollo.
En el área latinoamericana es sobresaliente el caso de México, que pese a su compleja situación de inseguridad escaló 22 posiciones en el último cuatrienio —ocho de ellas en los dos años recientes— para ubicarse en la posición 22 de los países con la mejor competitividad turística. Costa Rica y Panamá merecen igual atención por los progresos obtenidos. El gobierno costarricense le da un fuerte impulso al turismo ecológico y se consolida entre las naciones más sostenibles del mundo. Entre tanto, Panamá se afianza dentro un favorable entorno para los negocios, y se constituye en la tercera potencia turística regional, después de México y Brasil, el principal destino de Suramérica.
Colombia, una alternativa rica en recursos y biodiversidad —cobija 2.993 especies—, donde florece una mixtura cultural dinámica y vibrante con diversas expresiones de folclor, enaltecidas por un patrimonio inmaterial relevante, tiene campo abonado para abrirse al mundo, si a las estrategias para posicionar al país se le suman políticas apropiadas que ayuden al crecimiento y al impulso del sector.
La infraestructura turística ofrece pocas mejoras. La precariedad de redes y accesos viales, medios de transporte, instalaciones portuarias y de veraneo, junto a limitaciones en los servicios básicos y turísticos de diversas zonas, afecta no solo a esta industria sino a varios sectores productivos. La corrupción rampante, cuya voracidad viene siendo denunciada en los últimos tiempos, ha sido factor determinante para el desastre de numerosos proyectos de desarrollo con incidencia en el turismo.
El problema de seguridad, particularmente la desatada por bandas criminales y delincuencia común, sigue en la mira de las mediciones internacionales, aunque el acuerdo de paz con las Farc permitió mejorar la imagen frente a los ojos de los turistas. Otros asuntos, como niveles de salud e higiene, ambiente de negocios, informalidad laboral, capacitación de empleados, regulación de precios y trabas al empresariado, restan perfil para garantizar la denominación del país como un destino turístico competitivo.
Lo inquietante del asunto es la poca claridad que pareciera tener el Gobierno sobre la importancia de promover el turismo como actividad próspera e irrigadora de beneficios sociales. Lo demuestra el hecho de los precarios presupuestos con los que se defienden las entidades rectoras del sector en todos los niveles de la administración pública.
Recobrar la competitividad exigirá voluntad política para encender las locomotoras oficiales, con el fin de darles credibilidad a las instituciones, avanzar en infraestructura y quitarle espacio al rezago que día a día nos distancia más de la productividad. Este Gobierno y los que le sucedan deberán suministrarles combustible y ponerlas a rodar para salir del atolladero que frena el crecimiento del país. Es solo cuestión de pensar en grande… ¡Y se acabó el carbón!