Por: Fernando Galindo G.

La salud en el mandato de la paz

El contundente triunfo del presidente Santos en la segunda vuelta lo alienta a satisfacer los compromisos de campaña ofrecidos a todos los colombianos para su segundo período de gobierno, enmarcado por la razón de su victoria: la paz “sin impunidad y con justicia y equidad”. Su talante de estadista experimentado (que demostró en los debates con el otro candidato) le permitió anticipar en su discurso del 15 de junio que “llega con tareas pendientes para corregir y ajustar todo lo que sea necesario y para reformar todo lo que haya que reformar” en relación con su primer gobierno. Reconoció con humildad la insatisfacción ciudadana con las falencias evidenciadas en el sector social, particularmente en salud y educación.

La compleja amalgama de sectores de izquierda, de sindicatos y de movimientos que lo acompañaron para consolidar la votación mayoritaria ha defendido la transformación sustancial del sistema de salud hacia un modelo estatal en el que los intermediarios no sean el actor dominante que desvía los recursos del sector para su lucro individual. Ejercerá una aguda veeduría ciudadana para que el reelecto mandatario le cumpla al país con las profundas reformas prometidas, que abonen el terreno para la nueva nación del posconflicto.

La modulación que la Corte Constitucional introdujo a los 26 artículos de la Ley Estatutaria de Salud define el marco que debe fijar el Gobierno para presentar otro proyecto de ley ordinaria que reemplace al hundido por la Cámara de Representantes, como se había advertido aquí, en la columna “Presagios para la salud en 2014”.

La Corte avaló el listado de obligaciones en cabeza del Estado, que lo entronizan como el único garante del derecho fundamental a la salud y le imponen el deber de la vigilancia y supervisión del servicio de salud. Ratifica el mandato que el acceso a la salud “con miras a la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, recuperación y paliación implica también el acceso a las facilidades, establecimientos, bienes y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel de salud...”.

El tribunal constitucional igualmente ratificó la obligación del Gobierno Nacional de implementar una política social de Estado que permita la articulación entre los diferentes sectores administrativos, para garantizar los componentes esenciales del derecho a la salud y afectar de manera positiva los determinantes sociales de la misma: económicos, culturales, nutricionales, ambientales, ocupacionales, habitacionales, de educación y de acceso a los servicios públicos. Es decir: lo sentencia a cumplir la función indelegable en los intermediarios (operadores, prestadores o administrativos) del derecho fundamental a la salud en el Estado social de derecho.

Semejante misión se logrará si el presidente conforma, como prometió en su discurso, un equipo ministerial competente en conocimientos y destrezas, que combine los acuerdos del proceso de paz con las trasformaciones requeridas en la sociedad colombiana.

Para salud emerge la figura de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, además de haber sido el adelantado del progresismo en respaldar el proceso de paz, es un ilustre médico que conoce el sector y lo ha vivido en todas las instancias.

Parche. Tantos abogados que rodean y defienden al caudillo del extremo Centro Democrático, ¿no le habrán recordado que el artículo 4º de la C.P. reza: “Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”?

 Fernando Galindo G. *

 

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