Santos juega con candela

La no aprobación por falta de mayoría en el Congreso de la República de las 16 “circunscripciones especiales de paz” debería llevarnos a los colombianos a hacer reflexiones serias sobre nuestra democracia y nuestro estado.

Si el estado es el conjunto de instituciones, aparatos, normas y procedimientos que regula la vida de los asociados y si ese estado tiene, además, unos fundamentos republicanos, es decir, está regido por la separación de poderes y cada uno de ellos es autónomo y se correlaciona con los otros en pie de igualdad, se complementan sin fundirse y sin conjurarse, y el gobierno se estructura a partir de un sistema electoral universal, garantista a través del cual los ciudadanos delegan su representación en unos dirigentes, entonces estamos ante un estado democrático.

En un estado tal, por supuesto, no todo funciona como un relojito, pero las columnas vertebrales sobre las que se levanta deben ser auténticas fortalezas para resistir los problemas y evitar que estos degeneren en crisis profundas: en este punto es en el que cabe destacar el rol que juega la constitución política como la ley de leyes que acolchona, circunscribe y delimita lo que le corresponde a cada autoridad, a los representantes y a los jueces para, de esa forma, proscribir y eliminar cualquier tentación autoritaria y la consumación de hechos arbitrarios.

Estas anotaciones deben ser útiles para comprender que los señalamientos que se hacen a la conducta del presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de haber procedido con un espíritu autoritario, extralimitándose en sus funciones, y habiendo confundido su papel de jefe de estado con el estado mismo en las prebendas concedidas a las Farc, son completamente razonables.

Su desconocimiento del resultado del plebiscito es una falta en materia grave contra el ordenamiento constitucional que reconoce en la ciudadanía el poder supremo y primario. Fue un atropello enmascarado en mendaces afirmaciones, en la irrelevancia de la diferencia entre el SÍ y el NO, en una promesa convertida en engaño de incorporar profundas modificaciones en el acuerdo de paz negado, sin que se hayan presentado fallas en el conteo de los votos, sin señales de fraude y en el marco de unas ventajosas condiciones para que hubiera ganado el SÍ.

En el curso de sus siete años de mandato, Santos ha tratado de someter a sus designios a los otros poderes y a los organismos de control llegando al punto de convertir algunos de ellos en apéndices del ejecutivo.

Quiso después que la Corte Constitucional, a la que sobó con prebendas popularmente conocidas como mermelada, le aprobara la inmodificabilidad de esos acuerdos por 12 años, con lo que de paso estrangulaba a un poder legislativo donde si bien contaba con mayorías aplastantes, no quería dejar lugar a dudas en sus compromisos con las Farc. Ahí fue donde empezó a desgranarse la mazorca de sus mayorías pues hasta la propia Corte en gesto de independencia señaló límites al Acuerdo Santos-Farc, mantuvo su condición de política pública y aunque llamó a las instituciones a desarrollar e implementar lo acordado, dejó la puerta abierta para que el Congreso de la República, en uso de su fuero legislativo procediera a hacer las reformas que a bien tuviera.

Y sucedió lo que nadie esperaba. Se desbarató la mayoría gobiernista por las razones que fueran, eso no importa ni invalida lo ocurrido, pues fueron decisiones por interés político, como lo son todas las que se toman en un congreso. Ni el propio gobierno con su infatigable acoso político a los parlamentarios, en una mezcla de mermelada agotada, incompetencia de sus ministros y amenazas veladas y hasta exóticas, pudo obtener las mayorías necesarias para la aprobación de varios de esos acuerdos.

Y ¿cuál fue la reacción de quien hemos llamado con total fundamento un tirano, un autócrata? Desde antes de que el presidente del Congreso resolviera las dudas sobre lo que es mayoría y quórum, ya viéndose perdido, de manera cínica amenazó con decretar el estado de conmoción interior, citar una constituyente y con un misterioso plan B como si bajo estas figuras se pudiese, de buenas a primeras suplantar el Congreso.

Producida la aclaración a la que hemos aludido, Santos, reafirmándose en su habitual desconocimiento y violación de sus funciones e irrespetando el poder legislativo, se vino lanza en ristre contra el Congreso que días atrás adulaba. Anunció con todo el desparpajo que acudiría a las cortes, léase el dócil y obsecuente Consejo de Estado, al que logró arrancarle en tiempo récord (30 minutos) un concepto a su favor que no es vinculante.

También, que pondría el asunto en manos de la Corte Constitucional, terminando en el exabrupto de llevarlo ante un Tribunal de nivel secundario. La consecuencia de esta tramoya surgida de su profundo desespero e irresponsabilidad no es otra que la de desatar una profunda crisis de estado en la medida en que el presidente de la república crea las condiciones para una colisión entre los tres poderes públicos.