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hace 2 horas
Por: María Elvira Bonilla

Santos y las víctimas

POCO SE CONMUEVEN. LOS CAMPEsinos de Tibú y La Gabarra que se acercaron el miércoles pasado a recibir del propio presidente Juan Manuel Santos el título que los hacía propietarios formal y legal de un predio que han trabajado décadas, todavía no saben que algo puede estar cambiando.

La buena nueva que llevaba el presidente al azotado Tibú aún no los toca. Escogió ese escenario de dolor para explicar, con una inocultable alegría, la recién aprobada Ley de Víctimas, con la cual se busca empezar a hacer  justicia con las 11.200 víctimas, los 100.000 desplazados y los 6.000 predios abandonados de la zona, en su huida por la vida.  Pero no. El estoicismo que nace del sufrimiento sigue presente en estos rostros viejos y  arrugados, por jóvenes que sean, de esos campesinos santandereanos a quienes pareciera habérseles olvidado sonreír.

Tal vez porque han vivido, porque han visto demasiado. Quienes le apretaron la mano al Presidente Santos son unos sobrevivientes adoloridos de las masacres de Tibú y La Gabarra, que hacen parte del cruel historial de guerra de Salvatore Mancuso. Vieron la ira demencial con la que llevó sus ejércitos a  arrasar  veredas y parcelas, sembrar un dolor ilimitado con el único propósito de controlar, de apropiarse de sus tierras, de las de los parientes y vecinos del Catatumbo.

Así son las víctimas del conflicto colombiano: tristes.  Desesperanzadas. 

Como son los habitantes de Santa Rosa en el Cauca, en lo profundo del Macizo Colombiano, donde el verdugo allí fue la guerrilla de las Farc, que en la plaza del pueblo fusilaba para aterrorizar a una población indefensa e imponerse a punta de miedo. Como  son los campesinos de Macayepo, El  Salao, Chirulito, la Mejor Esquina, El Tomate, en la alegre tierra costeña, a quienes en una noche, la fuerza vital del fandango se les transformó en el anticipo de un funeral colectivo. De allí tanta tristeza. Han visto a sus verdugos premiados, altaneros en uniformes nuevos, han tenido que  convivir con ellos —violadores y asesinos de sus gentes— en sus mismos barrios, los han visto volver a delinquir con una impunidad conocida. Saben la verdad de las falsas desmovilizaciones.

La Ley de Víctimas que el gobierno se propuso sacar adelante en tiempo récord es la primera muestra de dignidad y respeto por los 450.000 colombianos que en carne propia han padecido los rigores del conflicto. Con razón, el presidente Santos la quiere sancionar acompañado por Ban Ki-moon, el secretario  general de Naciones Unidas, como testigo, en un acto de resarcimiento e,  imagino, de perdón nacional.

No se trata de una simple restitución económica. Se trata en el fondo  de una reparación moral, que cure el dolor de una justicia tardía. Y esto pasa por  desatar una nueva actitud de la sociedad en su conjunto, que vea a las víctimas no como unos pobres mendicantes, sino como unos compatriotas dignos de ser reintegrados socialmente, con oportunidades y sin estigmatizaciones, que puedan dejar atrás la “chapa” de víctima para convertirse en ciudadanos con capacidad para construir futuro. Campesinos que en medio de la rudeza de la vida, vuelvan a sonreír. Este es sólo el comienzo promisorio de un camino que habrá que recorrer.

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