Por: Reinaldo Spitaletta

Se calienta la paz

Extirpar las causas de la guerra (y de la guerrilla) es un deber ser del gobierno y el Estado colombianos. Sin embargo, de acuerdo con el modelo económico impuesto desde hace más de veinte años en el país, las desigualdades se han incrementado, miles de pobres se volvieron indigentes y una minoría de potentados alcanzaron riquezas inimaginables.

La justicia social, un rubro que en el país no existe, es la clave para ir en contravía de la guerra, que ha sido, además, negocio de muchos, entre ellos los Estados Unidos, como lo han demostrado, por ejemplo, con su Plan Colombia. Si hubiera pan y trabajo, si los campesinos tuvieran tierra, si todos pudieran acceder sin dificultades a la salud, a la educación y la cultura, a los logros alcanzados por la denominada civilización, ¿sería el país un territorio abonado para la guerra?
Aunque en las iniciadas negociaciones de paz en Oslo no está en discusión el modelo económico, según el gobierno y la agenda suscrita, no es posible ignorarlo cuando se toquen, por ejemplo, los aspectos que tienen que ver con la tierra y la política de desarrollo agrario. La democratización o no de la tierra ha sido históricamente una causal y detonante para las guerras y otros conflictos internos de Colombia. Hoy, el cuarenta y seis por ciento de los once millones de campesinos está en la pobreza. ¿Qué ventajas ofrece el neoliberalismo al campesinado? ¿Qué aporta a la seguridad alimentaria?

Antes del establecimiento del modelo neoliberal en Colombia, que ha sido un desastre para la mayoría de la población, ya el problema agrario estaba como soporte de las tensiones sociales. La antidemocrática tenencia de la tierra en el país ha privilegiado a minorías que han sido las dueñas de enormes extensiones, al tiempo que millones de campesinos están excluidos. Uno de los puntos clave de los diálogos radica en el análisis y solución de los conflictos por la tierra.

El primer asalto en la nevera noruega, dejó más bien asuntos conocidos de parte y parte. Nadie ignora, por ejemplo, que Colombia es uno de los países más desiguales e inequitativos del mundo. Ni acerca de la política agraria del régimen como “retardataria y engañosa” (calificativos del vocero de las Farc), ni de los daños causados por las transnacionales al medio ambiente, ni que el país, en el ámbito minero, ha retornado a los tiempos de la colonia.

Las negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc, tendrán en alguna instancia que tocar los efectos nocivos del actual modelo económico colombiano, pero igual el fracaso que ha sido la lucha armada en el país. Y sobre todo, no pueden perder la perspectiva de discutir para llegar a un acuerdo. El más interesado en la paz es el pueblo colombiano, que ha sido víctima de todos los actores armados y de las centenarias políticas de exclusión impuestas por las minorías oligárquicas. Así que debe ser el pueblo el que exija seriedad a las partes. ¿Y cómo lo puede hacer la gente?

Se sabe o se cree saber que hay que luchar por un país de justicia social, que distribuya con equidad la riqueza y dé acceso al trabajo y vivienda dignos, en el que se no vulneren los derechos fundamentales ni ningún otro. Y uno de los pasos hacia esa meta, es la consecución de la paz. Y las claves de la misma, están en el respeto al derecho ajeno, como lo dijera Gandhi.

Claro que para ponerle un poco de picante al asunto, habría que recordar al humorista español Mingote cuando advertía: “Todos quieren la paz, y para asegurarla, fabrican más armas que nunca”. El sueño de la paz en Colombia (a veces convertido en pesadilla) vuelve a estar en la palestra política. Según los voceros de las partes, en las conversaciones no se trata de “catequizar a nadie” y es otro momento de esperanza y de mostrar ramitos de olivo. Que los dioses de la sensatez los acompañen.

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