Se derrumbó el mito

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MIAMI. Antes de Trump, uno creía que los partidos, sus líderes y el electorado gringo tenían límites: los símbolos de la democracia, la institución presidencial, la (hasta cierto punto) civilizada batalla por el poder, no podían ponerse en riesgo en aras de ganarle al adversario mediante el uso de toda clase de subterfugios y trapisondas.

Había casi la certeza de que después de los traumas más recientes vividos por este país –el asesinato de John y Bob Kennedy, de Martin Luther King, la gran derrota en Vietnam, Watergate, la renuncia de Nixon, y por supuesto la violencia racial– las dos grandes colectividades tenían como tesoros intocables las tradiciones y rituales de los cambios de administración.

Pero sólo faltaba el incendiario preciso, en el momento indicado, para que todo el rancio escaparate de civilidad y convivencia se viniera abajo de manera estruendosa.

La consigna fue clara: lo que no está prohibido, o establecido en la constitución o las leyes de manera explícita, lo podemos hacer por encima de cualquier consideración moral. Por ejemplo: El presidente no está obligado a reconocer su derrota, pero era una tradición de decoro y decencia registrar el triunfo del adversario y desearle la mejor de las suertes. Tampoco tiene el deber de asistir a la posesión de su sucesor, pero ese gesto elemental se daba por descontado. La tradición de invitar al mandatario electo a la Casa Blanca a manera de bienvenida, no se encuentra en ningún código pero era una oportunidad para que las dos familias, la del mandatario saliente y la del entrante, pudieran conversar de manera amistosa y posar para la foto del álbum nacional.

Ni hablar de la facultad presidencial de perdonar a condenados a largas penas, que es como un vestigio monárquico. La idea era que el presidente, después de una consulta con el Departamento de Justicia y de sopesar la situación del candidato, perdonaba a alguien que el mandatario consideraba digno de ese beneficio. Con Trump se abrió un boquete de impunidad al eximir de castigo a corruptos e incluso a criminales de guerra. Sin duda: todo bajo regla, pero censurable desde el punto de vista ético.

Una constante durante este cuatrienio delirante, que concluye como empezó: rompiendo toda la cristalería.

El día de la posesión, Washington se volvía una fiesta. El llamado National Mall, ese largo corredor que va desde el monumento de Lincoln hasta el Capitolio, se llenaba de una multitud exultante preparada para la juramentación del nuevo mandatario. Había despliegue policial y se cerraban algunas vías adyacentes, en medio de un clima de celebración.

Para este 20 de enero, no puede ser más sombrío el escenario. Hay gruesas vallas metálicas para proteger y aislar el edificio legislativo de posibles agresiones; veinte mil soldados de la Guardia Nacional, con armas largas y traje de fatiga, están desplegados en el corazón de Washington D.C con el fin de evitar que se hagan realidad las amenazas de violencia por parte del supremacismo blanco organizado en milicias armadas. Hay incluso imágenes deprimentes – que no se veían desde la Guerra Civil- como la de decenas de uniformados durmiendo en el frío mármol de los corredores del Congreso, con sus morrales de campaña utilizados a manera de almohada, y su presencia misma símbolo de una situación que ha llegado a un extremo inconcebible.

Las autoridades del Distrito de Columbia tomaron la decisión de cerrar el acceso a la zona donde, por tradición más que centenaria, se reunía el pueblo para presenciar el ritual de cambio de gobierno y, a veces, el inicio de una nueva era, como sucedió, en la historia más reciente, con Franklin Delano Roosevelt o Barack Obama. Esta vez no habrá pantallas gigantes, ni estallidos de euforia con el discurso del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Hay una tensión enorme. Los cuerpos de seguridad están barajando posibilidades a cuál más de ominosa: bombas de fabricación casera, francotiradores, pequeñas aeronaves no piloteados (drones) con explosivos y objetivos concretos, y la amenaza de los mismos energúmenos que protagonizaron el asalto al Congreso del pasado 6 de enero, pero esta vez con armas.

En suma, este país está a punto de entrar a un túnel que conocemos muy bien en América Latina: la violencia política. Cada vez hay más mensajes aciagos de acciones armadas. Las agresiones verbales se han vuelto más comunes contra los parlamentarios. Hay varios videos de senadores o representantes, demócratas o republicanos, pero en todo caso críticos de Trump, acosados e insultados en la calle o en los aeropuertos por grupitos de seguidores del frustrado y derrotado “hombre fuerte”.

Algo que me ha llamado siempre la atención, por el contraste tan grande con Colombia, es que aquí los senadores y representantes suelen andar sin escoltas, como ciudadanos comunes y corrientes. Visitan sus distritos electorales sin mayores protocolos, hablan con la gente, se los puede uno encontrar en una cafetería o restaurante. Ellos mismos manejan sus propios carros, no tienen chofer. En sus oficinas no hay policías o agentes secretos. Y en el área cerca a sus despachos, en la calle, hay letreros, como si fueran señales de tránsito, con el nombre del senador, representante o concejal. Son figuras públicas, acostumbradas a moverse en un ambiente de paz y tranquilidad. ¿Hasta cuándo? ¿Les llegó la hora de cuidarse más, de calcular mejor sus movimientos, de evitar sitios públicos en los que puedan estar expuestos al ataque verbal y, en el peor de los casos, físico? ¿Tendrán que llegar sin anunciarse, hacer no tan visibles sus oficinas, contratar vigilantes?

Trump se va sin reconocer su derrota ni la legitimidad del triunfo de su oponente. Deja el poder con un sello indeleble: ser el primer mandatario en 244 años de vida republicana que fue objeto de dos juicios políticos (impeachment) en un mismo periodo presidencial. Es posible que el Senado, si lo condena, vote para que nunca más pueda aspirar a un cargo de elección popular.

Biden arranca su mandato con la sombra del esperpento naranja. La Cámara Alta -a partir del 20 de enero de mayoría demócrata - tendrá como primera tarea absolver o condenar a Trump, otro hecho insólito porque nunca en la historia de este país, se había realizado un juicio político después de cumplido el periodo presidencial del acusado. El nuevo mandatario encuentra un país dividido hasta la médula, sitiado por una pandemia que su antecesor jamás reconoció y afectado por una caótica distribución de la vacuna. Llega al Despacho Oval con un partido político (el republicano) radicalizado y dividido, y con millones de personas que creen que su elección fue un fraude. Sin contar que la crisis económica se ahonda al igual que el desempleo.

El mito de la democracia excepcional, el faro de libertad, la ciudad que brilla en la colina, se cae a pedazos, con el estropicio que produce el ser esta nación una potencia económica y militar. La gran pregunta es si los líderes políticos y empresariales serán capaces esta vez de reconstruir un país que queda destruido por un fracasado experimento de populismo fascistoide, racismo, corrupción y una infinita estela de mentiras. Aún es imposible saber si estos últimos cuatro años fueron un caótico paréntesis dentro de la continuidad institucional, o es un sismo que se puede agudizar con la llegada del nuevo equipo de gobierno. Un dato inquietante: en la última encuesta de la era Trump el setenta por ciento de los republicanos aprueba la gestión de su querido líder que arranca, a partir del 21 de enero, una vida muy distinta al resto de sus colegas, es decir, alterada por serios problemas legales, el repudio de una buena parte de sus conciudadanos, y el espectro de la quiebra.

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