Por: Juan Carlos Gómez

¿Se hará justicia electrónica?

La justicia electrónica puede dejar de ser una quimera.

Cada vez más el marco jurídico propicia la utilización de los medios electrónicos como herramientas para administrar justicia y para el funcionamiento del Estado, que en muchos aspectos todavía está anclado en el siglo XIX.

El programa Vive Digital, encaminado a masificar la penetración de internet y el aumento de terminales (computadores, tabletas, teléfonos inteligentes), puede situar a Colombia como un país más cercano al ser digital. Sólo falta que las tarifas y la calidad de internet se ajusten a parámetros racionales, objetivo todavía lejos de alcanzar.

Hace 18 meses la Ley 1347 expidió el nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, que empezó a regir el pasado 2 de julio. La novedad es la consagración de normas que prevén la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo (artículos 53 a 64). Lo lamentable es que eso se deje al capricho de los funcionarios. Aun después del nuevo código, todavía hay oficinas públicas que exigen rubricar todas las páginas de una solicitud. Si no se les obliga, nunca van a cambiar.

En materia de juicios administrativos propiamente dichos, se prevé un plazo de cinco años —excesivamente largo— para implementar las condiciones técnicas que hagan posible el expediente judicial electrónico. La tarea se le deja al Consejo Superior de la Judicatura, que seguramente fracasará en el intento.

Para la efectiva implementación de la justicia electrónica tal vez sea mejor crear despachos judiciales que desde el inicio tramiten sus procesos de manera digital. Entre tanto polvo y papel y la resistencia de algunos funcionarios judiciales, puede acabar siendo imposible trasformar la administración de justicia. Iniciemos de cero un piloto de despacho judicial virtual en el que no exista la infame ventanilla y al que se pueda acceder siempre desde la red. Eso sería lo verdaderamente revolucionario más allá de las fatuas descongestiones en las que acaban convertidas las reformas a la justicia.

Tiene razón la nueva ministra Ruth Stella Correa. No se necesita la gran reforma a la justicia. Una adecuada combinación de sentido común, probidad y tecnología puede salvar a nuestro sistema judicial, uno de los peores del mundo.

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