¿Se la piensan pasar nuevamente por la galleta?

De los borbones franceses se decía que “ni aprenden ni olvidan” porque repetían sus errores y no abandonaban sus odios. Y lo mismo puede decirse de una serie de exnegociadores de La Habana que se reunieron hace unos días en Bogotá. Haciendo abstracción de que el haber llegado a un Acuerdo con parte (y solo parte) de uno de los cinco principales actores de los múltiples conflictos que enfrentamos los colombianos no es la tan cacareada paz, estos borbones modernos, autodenominados ‘Defendamos la Paz’, repiten los mismos errores del pasado: siguen polarizando al país dividiendo a los colombianos entre los amigos y los enemigos de la paz; entre los fanáticos de la guerra y los partidarios de la convivencia. Santos y su equipo nunca entendieron que prácticamente la totalidad de los colombianos anhelan la paz: lo que existe son diferencias en la manera de darle sostenibilidad a dicha paz.

El Grupo Defendamos la Paz se niega a debatir los razonados cuestionamientos que le hace el fiscal a la JEP. A instancias de un magistrado, la Corte Constitucional —con prebendas que no se habían negociado en La Habana— inclinó la balanza a favor de las Farc con la finalidad de que puedan obtener beneficios por su actividad delictiva después de la entrada en vigor de los acuerdos. Como bien lo señala el analista Mauricio Vargas (El Tiempo, feb. 24/19), “Para la Corte si se trata de delitos de ‘ejecución permanente’”, como el narcotráfico, la JEP mantiene su competencia —y a su vez el exguerrillero, la posibilidad de obtener beneficios como no pagar cárcel—. Todo ello porque si empezó a narcotraficar antes de los acuerdos, y seguía en ello después, se trata de una acción delictiva de ‘ejecución permanente’, y tanto lo que hizo antes como lo que hizo después merecen beneficios”.

Otra objeción del fiscal es que secuestradores, narcotraficantes y homicidas no pierdan sus beneficios ante la JEP, aunque la garantía de no repetición es uno de los cuatro pilares fundamentales del acuerdo de Colón. María Isabel Rueda (El Tiempo, feb. 24/19) explica con claridad el meollo del problema: “El Congreso había entendido bien la cosa, y en el proyecto de ley consignó que la garantía de no repetición era absoluta, so pena de perder todos los beneficios. Pero en el examen de la Corte Constitucional, esta tumbó la expresión “todos los”, con lo cual la exclusión de la JEP se producirá solo por reincidencias en el delito de rebelión. De resto, sus beneficios podrán convivir con la reincidencia en delitos como secuestro, homicidio, extorsión y narcotráfico. Según el fiscal, a la fecha de hoy, del listado entregado por las Farc ya hay 361 personas investigadas por participación en delitos después del 1° de diciembre. ¿Eso le sirve a la paz?”.

Para este columnista es oportuno dejar claro que como ciudadano de lo que hoy es un país libre, no acepto que una serie de personajes me gradúe de “amigo de la guerra” por el simple hecho de ejercer el derecho de opinión. Tampoco acepto que se nos acuse, a los que objetamos ciertos aspectos de la ley, de pretender poner un taco de dinamita a la paz. Sinceramente veo una falta de sindéresis abismal entre un grupo de personas (que en su día no tuvo el menor recato en desconocer el resultado del plebiscito) y que hoy exigen que la paz —sin el menor debate— sea refrendada por una papeleta en las próximas elecciones. En caso de que dicha papeleta no obtenga los resultados que esperan, ¿se piensan pasar el resultado, como hicieron con el plebiscito, nuevamente por la galleta?