¿Se le agrietan las paredes al Tío Sam?

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MIAMI. - Está a punto de fraguarse un novedoso, pero inquietante, postulado legal: el presidente de Estados Unidos está por encima de la ley… hasta que se demuestre lo contrario.

En teoría, alguien que incitó a la insurrección contra las propias instituciones que juró defender tendría que ser condenado por incumplir lo que le ordena la Constitución. Sin embargo, es muy probable que Trump salga de nuevo exonerado del juicio político en el Senado, porque el partido al que dice pertenecer —el Republicano— se ha fusionado, de manera irremediable, con neonazis (Proud Boys), teóricos de la conspiración (QAnon, esa cáfila de dementes que cree que hay un Estado profundo y siniestro en el que pedófilos y caníbales, pertenecientes al Partido Demócrata hacen rituales satánicos, y el superhéroe anaranjado sería el único que nos salvaría de semejante monstruosidad) y una variopinta coalición de organizaciones de supremacismo blanco, armadas hasta los dientes.

Es apenas obvio que eso suceda, a pesar de que los republicanos traten de guardar las apariencias. Al final, Estados Unidos tiene un poderoso sistema bipartidista en el que no han podido pelechar otras alternativas políticas. No obstante, cada una de las dos colectividades (la republicana y la demócrata) tiene a su alrededor un amplio ecosistema de empresas, sindicatos, fundaciones, movimientos y grupos de presión que determinan sus respectivas agendas políticas y sus tendencias ideológicas.

Por lo tanto, los representantes federales, en sus distritos, se deben a su electorado, que los elige, reelige o rechaza cada dos años. Igual sucede con los senadores, aunque ellos tienen un poco más de margen de maniobra porque su periodo en la cámara alta dura seis años. Pero la reelección depende del estrecho contacto con su caudal electoral. Y lo que en este momento es claro para cada senador y representante republicano es que más del 70 % de la militancia de su partido apoya a Trump. Y dentro de esos votantes se encuentran los energúmenos y terroristas que se tomaron por asalto el Capitolio.

A los parlamentarios aliados del exmandatario y expresentador de televisión al parecer les ha importado una higa que varios influyentes conglomerados económicos hayan anunciado que suspenden sus contribuciones en contante y sonante a todos aquellos congresistas que, en la noche del 6 de enero, cuestionaron la certificación del triunfo de Biden en el Colegio Electoral. A la larga y a la corta, ese veto, producto de la efervescencia del momento, no es para siempre. Lo claro es que el poder económico y el político se necesitan, son como dos hermanitas siamesas.

La cruda matemática electoral ha hecho que los republicanos (y algunos demócratas) no se conmuevan con nada: ni con la masacre, en 2012, de 20 niños de seis y siete años en la escuela elemental Sandy Hook, a manos de un loco que entró al plantel armado con un rifle semiautomático; ni con la matanza en Las Vegas, en 2017, en la que otro obnubilado abrió fuego, desde el piso 32 de un hotel, contra una multitud que presenciaba un concierto de música “country”, y en su accionar demente dejó 60 muertos. Ahora, en 2021, ni siquiera los estremece el hecho de que sus propias vidas, y las de sus colegas, corrieran peligro. Una multitud enceguecida por la mentira sistemática de un presidente venal y un partido cómplice —“los demócratas nos robaron las elecciones”— tenía el objetivo de romper la institucionalidad democrática y atentar contra la vida de senadores y representantes “traidores y pervertidos”. Incluso buscaban ahorcar al vicepresidente, y eso no era una metáfora.

¿Cómo puede sobrevivir una democracia —así le pongan adornos como la de ser la más antigua, las más avanzada, la inspiración para el resto del mundo— que rechaza la existencia de un partido y lo demoniza por todos los medios posibles? ¿Cómo puede haber el tradicional muñequeo en el Congreso en medio de semejante ambiente de pugnacidad? ¿Qué continuidad institucional puede haber cuando los líderes republicanos le apostaron a un fallido golpe de Estado y, lo peor, podrían de nuevo intentarlo si se dan las condiciones propicias?

En la cámara baja hay dos representantes de QAnon, que llegaron a nombre del Partido Republicano. Una de ellas, Marjorie Taylor Green, de Georgia, ha dejado un reguero de mensajes en Facebook apoyando el asesinato de, por ejemplo, la presidenta de la Cámara (Nancy Pelosi) y otros líderes políticos que no son de su agrado. La otra representante, Lauren Boebert, de Colorado, tiene un video en el que hace una grotesca apología de las armas, ella misma lleva una al cinto, y al parecer ha entrado armada al Capitolio, aunque ahora, después del ataque del pasado 6 de enero, existe un detector de metales a la entrada de los hemiciclos de las dos cámaras.

Ya el Departamento de Seguridad Interior lanzó una alerta de posibles ataques terroristas por parte de organizaciones nacionales, no extranjeras. Terrorismo nacido en el propio suelo estadounidense, por parte de extremistas alimentados por la persistente falsedad del fraude masivo en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Incluso QAnon tiene la estrambótica teoría —una más— de que Trump, al final, se posesionará el próximo 4 de marzo, será el presidente 19°, después de Ulysses Grant que ocupó ese cargo entre 1869 y 1877. La idea es que en ese momento se acabó la república. Y el espectro naranja la recuperará de sus cenizas. Entonces, Biden y todos sus aliados serán expulsados de la Casa Blanca y de todos los organismos de gobierno. Por más loco que suene, hay mucha gente que cree en esas teorías y está dispuesta a matar por ellas.

Por lo tanto, existe una preocupante negación del pluralismo político, del debate libre de las ideas, y de la legitimidad de un partido —el Demócrata— para ganar elecciones. Esa mentalidad ya llegó al Capitolio, permea la cotidianidad de muchos estadounidenses, y de esa atrofia saca provecho la dirigencia republicana.

No le queda fácil a la nueva administración lidiar con ese monstruo de mil cabezas. Por lo pronto, ha revocado las ordenes ejecutivas emanadas del anterior gobierno en temas puntuales de inmigración, calentamiento global, derechos de la comunidad LGTB, lucha contra el racismo, pero la prueba de fuego será cuando presente en el Congreso el primer proyecto de ley importante, un paquete de 1,3 billones de dólares que busca darles alivio a las personas y empresas afectadas por el COVID-19. Dentro de esa propuesta legislativa también se encuentra que el pago mínimo de la hora de trabajo sea de 15 dólares. En este momento es de US$7.25.

Biden ha llamado a la unidad del país, pero es más un deber ser o apenas un canto a la bandera, porque en la terca realidad de todos los días, parece ampliarse cada vez más una peligrosa grieta: la desconfianza profunda en las instituciones, la debilidad de un presidente al que millones de personas consideran ilegítimo, y la lucha política parlamentaria infectada no sólo por el influjo de teorías de conspiración, sino por la destructiva descalificación del otro partido. Ni hablar de lo que pueda pasar durante y después del juicio político al expresidente Trump. Por el momento la consigna es clara: bloquear toda iniciativa proveniente del actual mandatario o sus aliados, con la mira puesta en las elecciones de 2022, en las que el proyecto es recuperar las mayorías republicanas en Cámara y Senado. ¿Y el bienestar de la Nación? Es lo de menos.

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