Se les dejó a los políticos la lucha contra la corrupción

Acaba de firmarse el enésimo pacto por la transparencia entre gobernadores y Gobierno Nacional en Cartagena. No será eficaz, como no lo han sido los anteriores, porque es solo entre políticos.

La lucha contra la corrupción se les dejó a los políticos que tienen el control político en los órganos legislativos, el control interno en las entidades públicas y el control fiscal, disciplinario y penal. Es una paradoja que se deje al ratón cuidando el queso, a pesar de la desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos, en los políticos y en quienes estos designan. El fracaso de la política en la lucha contra la corrupción es tan abismal, que sobra repetir las cifras sobre pérdida de recursos públicos, sobre impunidad al castigar y recuperar los recursos perdidos, de consecuencias negativas sobre la economía y la democracia, porque el peor costo de la corrupción es el incumplimiento del contrato social y su efecto sobre la abstención, la evasión tributaria, la falta de participación, de inversión, de formalización y, en general, sobre la confianza en las instituciones.

La sociedad civil, que es la que podría hacer un control técnico y apolítico, que debería tener instrumentos anticorrupción poderosos para velar por sus intereses, se limita a señalar a dedo a los políticos, como si los asuntos públicos fueran del resorte exclusivo de estos y no de la sociedad en general. Este es otro síntoma de la excesiva politización de la vida nacional, que es resultado, entre otros, del populismo, la polarización y las noticias falsas que trae. La consulta popular contra la corrupción es la muestra del potencial de la sociedad civil para actuar.

El sector privado, que debería ponerse del lado de la sociedad civil para atacar la corrupción, no lo hace con decisión. No se da cuenta de que al marginarse acepta una condición de copartícipe, cuando en realidad es una de las principales víctimas de la corrupción. Quienes actúan como determinadores de la corrupción desde el sector privado no son empresarios, sino delincuentes, así como quienes generan la violencia en el fútbol no son hinchas, sino criminales.

El combate institucional a la corrupción no funciona por tres razones principales: está politizado, es formalista y no vincula a la ciudadanía. Los órganos de control son una pieza del sistema clientelista porque sus cabezas son designadas por los políticos. La contratación pública se revisa exclusivamente desde el punto de vista jurídico para ver si cumple o no requisitos casi siempre formales, cuando se trata de actividades económicas con jugadores sofisticados, que hay que estudiar por sectores y dinámicas de negocio. La actividad precontractual es opaca para los medios de comunicación y, por ende, para la opinión pública, apareciendo solamente cuando hay escándalos de corrupción consumada.

La Cámara de Comercio de Bogotá podría unirse con entes de la sociedad civil y la academia para conformar el programa “Bogotá cómo contratamos”, en convenio con la Alcaldía de Bogotá, que siga, estudie e informe con profundidad técnica sobre la contratación de Bogotá. Se trata de un programa replicable en otras ciudades del país.