“Se perrateó la acreditación de alta calidad de universidades”

Daniel Mera Villamizar
02 de marzo de 2020 - 05:00 a. m.

Acreditar por misiones o áreas, con categorías, permitiría diferenciar e incluir en la política pública.

Cada vez que una institución de educación superior de modesta calidad percibida recibe la acreditación institucional de alta calidad se oye: “Se perrateó la acreditación”. Hoy son 73 IES con este sello (92 contando las seccionales), según el SNIES, y la única distinción o jerarquía es el número de años de vigencia de la acreditación (de cuatro a diez), que resulta inoperante y desconocido.

Las desventajas de esta situación son sensibles: i) los resultados de la acreditación no permiten tomar decisiones de política pública (por ejemplo, para priorizar en el sistema de ciencia, tecnología e innovación); ii) la sociedad no recibe señales claras de las diferencias de calidad en la oferta de educación superior, y iii) las universidades de alta calidad ven desvalorizado su sello y las de mediana calidad, deslegitimado su esfuerzo.

Hay al menos dos alternativas de solución: i) acreditar por misiones funcionales: investigación, docencia y extensión (actualizando la definición de las dos últimas, un reto), de modo que una IES pueda ser reconocida como de alta calidad en docencia, si es su fortaleza por un proyecto institucional orientado a la formación profesional, por ejemplo. David Forero, de Fedesarrollo, tiene un antecedente de conversación con el CNA en este sentido.

Pretender que la mayoría de las IES sean buenas o excelentes en investigación y docencia al tiempo obedece al mito del investigador-docente, que ha terminado por perjudicar la función docente y el aprendizaje de los estudiantes, como ha mostrado Víctor Manuel Gómez, de la U. Nacional. No consulta, además, la realidad financiera de las IES.

O ii), el modelo de Chile, que acredita por áreas: gestión institucional, docencia de pregrado, investigación, vinculación con el medio y docencia de posgrado, de las cuales las dos primeras son obligatorias. “Un intento relativamente bueno de adaptar el proceso de acreditación a la diversidad de funciones y tipos de instituciones”, en palabras de Juan Felipe Duque. En Chile, solamente 16 IES tienen la acreditación en todas las áreas.

En rigor, deberíamos ir más allá de Chile y además de acreditar diferenciadamente (alto y medio) por misiones o áreas tradicionales, incluir otras que necesitamos, como “transferencia y apropiación tecnológica”. Y reconocer que las facultades como unidades de acreditación serían muy útiles en la política pública, pues para algunas políticas nacionales la universidad es una unidad demasiado grande y el programa académico, una muy pequeña.

En cambio, por ejemplo, si el país tiene cinco facultades acreditadas en investigación en un área determinada del conocimiento, ya sabemos a quiénes confiarles una gran apuesta nacional que jalone al resto.

En una agenda de reformas para sintonizar más la educación con la productividad y la equidad, la acreditación es una pieza clave para mejorar la racionalidad y la sofisticación del sistema de educación terciaria (asumiendo que tenemos uno). Lo primero tal vez sea reconocer que 25 años después del Decreto 2904/1994 es hora de repensar la acreditación.

Los decretos recientes (1280/2018 y 1330/2019 sobre registro calificado de programas) no han sido estructurales.

@DanielMeraV

 

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