Por: Juan Carlos Gómez

Secretos de Estado

La revelación de secretos de Estado a la que aludo no es propiamente un asunto de 'chuzadas' o grabaciones ilícitas con las que cada tanto se inunda a los medios de comunicación.

Esa práctica, enquistada en la historia de Colombia desde hace casi veinte años, arrodilla al Estado de Derecho; a merced de filtraciones perversas y selectivas ningún fiscal o juez, por más probo que sea, podrá llegar nunca a la verdad de nada.

Me refiero más bien a esos asuntos y documentos que los Estados deciden mantener bajo reserva, que generalmente se relacionan con la seguridad exterior o interior. Cuando se publican muchas veces resulta que no implican ningún atentado a la seguridad, sino que, por el contrario, se beneficia la democracia. Como lo expresó en los años setenta el juez Douglas, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, a propósito de la filtración de los famosos “papeles Mac Namara”, “la utilización del secreto por los gobernantes es un procedimiento típicamente antidemocrático, destinado a perpetuar los errores de la burocracia”.

Gracias a internet cada vez es más difícil mantener en sigilo la actividad estatal. La ya famosísima página wikileaks.org se declara ella misma como la agencia de inteligencia de la gente del común y como un servicio público a nivel global para proteger a informantes (tipo el garganta profunda de Watergate), periodistas y activistas que posean información y documentos reservados referida a gobiernos, instituciones o grandes empresas, y que se quiera revelar para conocimiento del público. Este portal es una alternativa frente a la autocensura que a veces se imponen los medios.

En Colombia el acceso a los documentos públicos se encuentra regulado en normas que en su gran mayoría se expidieron hace casi treinta años, cuando no existían internet ni las aplicaciones que permiten encontrar y reproducir información de manera inmediata. Si a través de buscadores como Google se puede acceder a cientos de miles de documentos en fracciones de segundo, no tiene ninguna justificación que una entidad del Estado pueda demorarse diez o quince días para suministrar la copia de un documento. Es urgente una reforma legal al respecto.

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