Segunda oportunidad para la paz: quieren frustrarla

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El Informe sobre la verdad del conflicto armado interno, en procura de la reconciliación y no repetición, que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad entregará al país en el segundo semestre de 2021, constituye una verdadera segunda oportunidad para la paz.

La primera fue la del plebiscito del 2 de octubre de 2016. Esa oportunidad se perdió no por constituir un camino equivocado, no, sino por haber carecido de la preparación ciudadana que semejante reto demandaba. Victoria pírrica y truculenta del No, subsanada por la aprobación en el Congreso, pero que dejó al descubierto un sensible déficit de conciencia pública sobre la bondad de la paz política.

Quieren frustrar esta segunda oportunidad ciudadana aquellas personas y sectores a quienes no les gusta, no les sirve, la paz política pactada con los insurgentes. Tales actores son los que se lanzan a descalificar a la Comisión, a sus integrantes y a su presidente, el conocido y respetado sacerdote jesuita Francisco de Roux.

La colega Patricia Lara, en columna de la semana pasada en este diario, recordó el perfil admirable y la extraordinaria preparación, por estudio y experiencia, del padre De Roux, y mostró por qué el país puede confiar plenamente en él. Adhiero a su justa presentación.

Un paisaje histórico del conflicto de largas décadas con pormenores sobre su origen, desarrollo y solución política se ofrecerá, a través del informe, a consideración de la opinión y conciencia nacional. Naturalmente, el informe aspira a ganar la comprensión y empatía de la sociedad colombiana, no apelando a la confrontación sino al diálogo sereno, analítico, amoroso, como quien recupera la experiencia de vida colectiva y la proyecta al futuro a fin de ganar voluntades para construir un país mejor.

De seguro, por los estudios, las audiencias, el diálogo social y público con que se está preparando, no será un informe pugnaz sino una visión realista, tranquila y seductora a pesar de las cosas terribles de que tendrá que ocuparse.

El trabajo de la Comisión, en diferentes formatos, aparecerá en un contexto complejo, la antevíspera electoral, en plena campaña hacia el relevo de parlamento y de gobierno en 2022. No están tranquilas las aguas, sigue existiendo gran turbulencia frente al tema de la paz. Lo que quizá hay que preguntarse es cuál es el nudo de la gran discrepancia y cómo puede desatarse.

No es un secreto. La oposición a la paz mediante diálogos y acuerdos con actores a quienes se reconoce carácter político se origina en los cambios que ella conlleva. No se quiere la paz porque implica cambio y el cambio afecta intereses inveterados, muy poderosos, en materia, sobre todo, de tierras y recursos naturales.

La paz con cambio, que toca algunos de los factores estructurales que desataron el conflicto, altera en alguna medida el modelo económico imperante, depredador de comunidades y de naturaleza, una forma de gobernar y una forma de estructurar el poder, una forma de hacer la política, la política que se hace con corrupción, trampa y violencia. Hay quienes no quieren que eso se acabe.

El informe de la Comisión está llamado a arrojar luz, mucha luz, sobre estas realidades, pasadas y presentes, que si no se asumen y transforman nos lanzarán a un futuro desolador, sin esperanza, condenados a repetir la vieja historia. El asunto de la tierra vertebra el conflicto de comienzo a fin.

Tenemos los colombianos que autopersuadirnos a hacer la reforma del campo. No es un capricho, ni concesión a extremistas, es una necesidad. En 2008 visité seis universidades norteamericanas y pregunté a académicos estudiosos de Colombia, estadounidenses y colombianos, cuál era a su juicio el problema prioritario del país. Oh, sorpresa, en todas partes me respondieron: el atraso del campo, la tierra mal distribuida y mal usada, los cultivos de coca, la pobreza rural.

Pocos meses después el Proyecto Evolución Colombia, 150 líderes de todos los sectores, con asesoría metodológica de Adam Kahane, llegó a la misma conclusión: la tierra tema prioritario (Fescol, Redepaz, Centro de Liderazgo y Gestión, 2009).

La verdad que se busca no es para desatar procesos de vindicta, otra guerra, sino para evitar la repetición de lo que no hicimos bien como sociedad, como país, como institucionalidad, región por región, durante más de medio siglo.

Los 11 comisionados, seis hombres y cinco mujeres, y su presidente, el padre De Roux, fueron escogidos con el mayor rigor por actores sin tacha. No puede nadie decir, con posibilidad alguna de demostrarlo, que son agentes de las guerrillas, que tienen nexos con ellas o dependencia ideológica de las mismas, o respecto a cualquier otro actor armado.

He visto la Declaración pública del exministro Pinzón emitida el 13 de julio, dos densas páginas, y claramente se aprecia que no puede sostener la afirmación original de su desafortunado trino. El exministro se negó a la retractación, que con razón se le solicitaba, pero le dio un giro a su expresión para señalar que “me sostengo en que se aprecia un sesgo que demanda que la Comisión encuentre mecanismos para resolverlo”.

Que varios de los integrantes de la Comisión han sido defensores de derechos humanos, sí, pero ello no convierte a nadie en elemento ajeno a la democracia, vitando para responsabilidades públicas; tampoco reconocer el carácter político de los insurgentes, o celebrar que ellos, dejadas las armas, lancen un partido político, implica un sesgo que inhabilite para trabajar en el esclarecimiento de la verdad.

La Comisión tiene una notable y razonable pluralidad en su composición, tanto que hasta un oficial retirado tiene asiento en ella, amén de académicos, periodistas, líderes sociales y de víctimas de reconocida solvencia intelectual y moral.

Determinante que el país conozca la historia personal y profesional de cada comisionado y su compromiso con los más altos valores de la dignidad y convivencia humana. Todas son personas que gozan de capacidad reconocida para el conocimiento y comprensión del conflicto armado colombiano, sus causas y consecuencias, mediante el uso de métodos válidos para aproximarse a la verdad o verdades históricas. Los comisionados no son cuotas de representación partidaria. No se puede modificar otra vez el Acuerdo Final por el querer de una persona o un partido político para diseñar otra Comisión.

La que está instalada por tres años terminará su trabajo en noviembre de 2021 y se disolverá. Su aporte habrá contribuido a modelar el sentido común de la sociedad colombiana mediante la apropiación de una ética social que nos coloque en el estadio superior de la paz que es la reconciliación. Formidable reto cultural, grandioso trabajo.

Lo sensato ahora es sencillamente dejarla trabajar, disponernos a recibir el Informe con la seriedad y positividad con que lo están preparando, no arrojar sospechas infundadas sobre sus integrantes ni sobre su Presidente. La paz merece esta segunda oportunidad.

luis.sandoval.1843@gmail.com

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