Seguridad en Bogotá

La seguridad de las bogotanas y bogotanos no puede seguir siendo objeto de improvisaciones y celos institucionales.

Por eso, el rechazo de la Administración distrital a la participación del Gobierno Nacional en el manejo de la seguridad de la capital transmite un mensaje desalentador. A escasos seis meses de haber iniciado su mandato, las autoridades distritales no parecen haber comprendido que este tema, que compromete la vida, la integridad física y el patrimonio de siete millones de personas, debe ocupar un renglón prioritario en su agenda.

Y mientras ello ocurre, la percepción ciudadana de inseguridad prende todas las alarmas. Según la última encuesta de la Cámara de Comercio, el 26% de los habitantes de la ciudad fue víctima directa o indirecta de delitos durante 2007, registrándose dos de cada tres casos en espacios públicos, tales como vías y parques. Y además, según el mismo estudio, el 39% de las bogotanas y bogotanos siente que la inseguridad ha aumentado y el 48% cree que la situación sigue igual.

Preocupado por este panorama, envié varias cartas al Alcalde Mayor transmitiéndole mis inquietudes sobre la política de seguridad esbozada en el Plan de Desarrollo ‘Bogota Positiva: Para Vivir Mejor’ y proponiéndole algunas líneas de acción en esta materia, sobre todo en lo concerniente al fortalecimiento de la Policía Metropolitana y a la implementación de sistemas de vigilancia e inteligencia que ayudaran a desarticular las bandas criminales que azotan a nuestros barrios con atracos, asaltos y ventas de droga, entre otros.

Sin embargo, la Secretaría de Gobierno Distrital, que es la entidad directamente responsable de la seguridad en Bogotá, sigue sin reaccionar, mostrando escasa capacidad de gestión y demorándose mucho para vincular a otros actores clave para la seguridad, como son los taxistas, los vigilantes privados y los comerciantes. En particular, me preocupa que las alianzas con estos sectores apenas hayan empezado a operar en el Consejo de Seguridad de Ciudad Bolívar, llevado a cabo seis meses después de iniciado el nuevo período de gobierno.

Así pues, mientras el crimen gana terreno en localidades como San Cristóbal, Tunjuelito, Kennedy, Suba, Puente Aranda y Ciudad Bolívar, el gobierno de la ciudad canta victoria invocando una supuesta mejoría en los indicadores de seguridad entre 2007 y 2008. Lo que es bueno recordar es que las estadísticas de estos dos años no son comparables en razón a la entrada en vigencia de la Ley de Pequeñas Causas —de la cual fui ponente— el 31 de julio de 2007. Esta norma fijó castigos más severos para los delitos menores —tales como hurtos y lesiones personales—, que son justamente los que más afectan a la ciudad. Por cuenta de esta Ley, por ejemplo, los ladrones de billeteras, celulares y paquetes dejarán de salir a la calle al día siguiente de ser capturados in fraganti.

De esta manera, la capital busca con urgencia liderazgo político en materia de seguridad. Mayor coordinación con el Gobierno Nacional, interpretación más objetiva de las cifras, mayor celeridad en los nombramientos, más alianzas con tenderos, taxistas, vigilantes y residentes y mayor énfasis en las labores de inteligencia y control pueden ser las claves para construir durante estos años una Bogotá verdaderamente positiva en materia de seguridad.

David Luna Sánchez. Representante a la Cámara por Bogotá.

La marcha

Millones de colombianos se manifestaron el 20 de julio pasado por la libertad y contra el secuestro. ¿Sería mucho pedir que el próximo 7 de agosto se organizara otra marcha multitudinaria pero esta vez para exigirles a aquellos que tienen cautiva a la Constitución de la República desde hace varios años —sometiéndola a malos tratos permanentes— que se la devuelvan al pueblo, su único y verdadero dueño? ¿Sería mucho pedir, además, que los medios de comunicación masiva hagan las diligencias pertinentes para liberar ya la conciencia ilegalmente obnubilada del pueblo colombiano, mediante artificios y silencios, y devolverle así a por lo menos el 84% de colombianos su capacidad crítica? Las marchas nos están enseñando que depende de nosotros que no haya mal que dure cien años y nos ratifican que no hay cuerpo que lo resista.

Heriberto Cifuentes.  Bogotá.

Medicamento

El pasado viernes 11 de julio El Espectador publicó en la sección Redacción Vivir un artículo titulado “Nuevo medicamento para tratar el sida”, el cual informa sobre la aprobación en Colombia de Raltegravir, medicamento aprobado por el Invima y que pertenece a nuestra casa farmacéutica Merck Sharp & Dohme.

Consideramos importante hacer claridad que actualmente Raltegravir es un medicamento de venta bajo fórmula médica y no se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud. En consideración a lo anterior, los pacientes que sean formulados por su médico tratante con este medicamento, deberán asumir los costos correspondientes de dicho tratamiento.

Felipe Arbeláez Casas. Director Médico.

El defensor del pueblo

Con extrañeza veo el informe del periódico El Espectador sobre la elección del Defensor del Pueblo en donde se afirma que, con motivo de la visita a Leticia a la celebración del 20 de Julio, el Presidente de la República me había felicitado en público por mi gestión. Eso no es cierto. En este acto estaban presentes los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, y de la Corte Constitucional, lo mismo que el Contralor General de la República y yo. El aplauso que se extendió a los funcionarios mencionados fue precisamente por haber acompañado el acto y no por el desempeño de sus cargos.

Vólmar Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Lectores opinan

La cofradía del santo reproche

No entiendo por qué no entienden

Al oído de los conjueces

De igualdades y discriminaciones

De Julio Londoño sobre una columna