Por: Catalina Ruiz-Navarro

Seguridad feminista

Las mujeres latinoamericanas habitamos las calles con miedo. Es un miedo que nos tiene exhaustas. Miedo a la delincuencia común, claro, pero también miedo al acoso y a la violencia sexual. Desde muy niñas a las mujeres nos entrenan para ser conscientes de las potenciales amenazas en nuestro entorno (el callejón oscuro, la obra en construcción, la multitud del transporte público) y tratamos de sortearlas, llamamos a nuestras amigas para darles la placa del taxi y evitamos quedarnos solas en espacios pequeños porque tenemos muy presente que podemos ser víctimas de una violación. Las calles no están hechas para caminarlas en tacones que se atoran en las rejillas de ventilación y muchas mujeres tienen trabajos en los que ir de tenis no es una opción. Y la lista sigue. Todas tenemos nuestra lista personal de alertas y amenazas y la revisamos a diario casi que inconscientemente. Ante tantos obstáculos, las mujeres que pueden pagarlo muchas veces deciden dejar de habitar las calles y se transan por el acoso del taxista o el conductor de Uber que nos hace preguntas personales dizque para hacer conversación. Las mujeres menos privilegiadas se ven obligadas a vivir cinco horas de su día en el transporte público, no tienen tiempo para gastar en una infructuosa denuncia por acoso.

El mes pasado, con las marchas de #NoMeCuidanMeViolan, las mujeres mexicanas presentaron un reto a la Policía que debería extenderse a todos los países latinoamericanos: ¿qué se necesita para que las ciudades sean más seguras para las mujeres? La pregunta no puede contestarse sin perspectiva de género, pues todas las medidas de seguridad tradicionales, como aumentar la presencia policial, pueden traducirse en una mayor amenaza porque la policía no está exenta de ejercer violencia machista. Esta paradoja es un llamado a repensar la seguridad en términos feministas. A las mujeres estar encerradas y vigiladas no nos protege, y las ecuaciones de riesgo que se usan tradicionalmente para diseñar estrategias de seguridad no toman en cuenta el impacto emocional de una amenaza machista, ni cómo esos mismos prejuicios machistas impiden reconocer, registrar y denunciar esa misma violencia.

Este año, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), en Colombia, lanzó un proyecto piloto llamado Equidad, Mujeres y Acceso (EMA), que busca educar a las comunidades en la prevención de la violencia de género. 437 agentes de policía fueron capacitadas en temas de violencia intrafamiliar y se ubicaron en siete municipios: Fonseca (Guajira), Anorí (Antioquia), Caldono (Cauca), Planadas (Tolima), Vista Hermosa (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Paz (Cesar). La idea es interesante porque el objetivo es preparar e informar a las comunidades para que puedan reconocer y prevenir la violencia de género. Sin duda, apostarle a un cambio en las normas sociales es más eficiente para combatir la violencia machista que llenar los espacios de armas y policías. Pero ese cambio social se debe dar también, y de manera integral, al interior de la fuerza pública. Además, la violencia intrafamiliar es apenas un aspecto de la violencia que vivimos, el que prevalece en los espacios íntimos, pero también necesitamos que los espacios públicos de las ciudades sean pensados por y para las mujeres, pues las violencias machistas que vivimos en la calle afectan nuestra movilidad.

En el centro de pensar la seguridad en términos feministas está la idea de que las mujeres somos personas y ciudadanas, con derecho a habitar de forma tranquila y segura tanto nuestras casas como las calles, sin que nuestras vidas se sientan como una infinita carrera de obstáculos.

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2019-09-12T00:00:07-05:00

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2019-09-12T00:15:01-05:00

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