Seguridad nacional

Salomón Kalmanovitz
21 de febrero de 2010 - 06:57 p. m.

HA SALIDO A LA LUZ PÚBLICA EL DEterioro de la tasa de homicidios de Colombia, que es uno de los principales indicadores de la seguridad de que disfruta una nación.

Medellín está mostrando hoy una espeluznante tasa de 73 homicidios por cien mil habitantes. La tasa nacional de homicidios entretanto subió de 33 en 2008 a 39 en 2009, mientras que países en paz como Noruega no alcanzan a mostrar dos homicidios por cien mil habitantes.

La administración Uribe mostró progresos en debilitar considerablemente a las Farc y fraccionar el frente político de los paramilitares con la desmovilización de muchos de sus jóvenes y la extradición de la mayor parte de sus jefes. La presencia de buena parte de este personal, entrenado para la acción criminal, en ciudades como Medellín, Cali, Cartagena y Bogotá ha disparado la inseguridad. Esta es una de las razones por las que se ha elevado el número de asesinatos que responden a la competencia armada por los territorios, los para-impuestos a los comercios e industrias, los mercados de droga y las rutas del narcotráfico.

Según la Fundación Arco Iris, las acciones de los grupos paramilitares superan a las del Eln y Farc. En 2008 estaban en 247 municipios mientras que en 2009 se ubicaron en 293 localidades donde se distribuyen nueve mil hombres. Estas bandas emergentes constituyen otro fenómeno importante que mantiene deteriorada la seguridad en amplios territorios del país, pues cometen atropellos contra la población civil e impiden el retorno de los desplazados a sus tierras, muchas de las cuales están legalizando a su favor para dedicarlas al pastoreo y a los cultivos de palma africana.

Aunque las Farc han sido debilitadas no están derrotadas y se aprecia un incremento de su accionar oblicuo pero mortífero. Según León Valencia, “hasta octubre, las Farc registraban 1.429 acciones, cerca del 30% más que en 2008. Han vuelto a atacar bases fijas y a incursionar en cascos urbanos con resultados muy negativos para las Fuerzas Militares y la Policía”. Como lo dijo Alejandro Gaviria, la seguridad democrática requiere un cambio de rumbo.

El accionar de la insurgencia y el de las bandas paramilitares que han resurgido informan que el Estado no ha logrado el monopolio de los medios de violencia, condición fundamental para garantizar la seguridad de toda la población y, en efecto, reducir los homicidios radicalmente.

Y no es sólo la presencia de la Fuerza Pública legítima lo que se requiere para establecer la solución del largo conflicto colombiano, sino la presencia del sistema de justicia que opere expeditamente para devolver las tierras usurpadas a los desplazados y repartir las tierras mal habidas por narcos, guerrilla y ‘paras’ entre familias campesinas dispuestas a trabajarla.

Un próximo gobierno, más flexible que el actual, puede iniciar una negociación con las Farc que conduzca a su desmovilización y a que se convierta en un partido político, sin tener que hacer ninguna concesión importante distinta a la de garantizar su actividad proselitista. Al mismo tiempo, debe endurecer su combate contra la misma guerrilla y las bandas criminales, cortando sus vínculos con los políticos que se aprestan a ser elegidos mediante su poder.

Falta entonces mucho para alcanzar una verdadera seguridad nacional: que el Estado ejerza un pleno monopolio de la violencia, con los límites que impone la ley, y una negociación con unas guerrillas, debilitadas y sin horizontes claros, que conduzca a una paz sostenible.

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