Por: Andreas Forer

Seis años de Justicia y Paz. ¿Y ahora qué?

El lunes 25 de julio pasó casi inadvertido y con pocos comentarios el sexto aniversario de la ley 975 de 2005, más conocida como de Justicia y Paz; así como los seis años de la implementación de la justicia transicional en Colombia.

Es apenas posible, recordar los inicios de Justicia y Paz: la creación de nuevas instituciones, la asignación de nuevas tareas a instituciones ya existentes; así como la creación de incontables decretos de desarrollo. Todos los anteriores, aspectos que en los primeros años no mostraron muchos éxitos, probablemente debido a que se trataba de un proceso nuevo con muchos aspectos por conocer, interpretar y entender.

En ese sentido en los primeros tres años y medio no se pudo dar respuesta a temas prioritarios como la participación de las víctimas en el proceso, la investigación de los crímenes y la coordinación interinstitucional de todos los involucrados. De igual forma, seis años después otros retos como la imputación de delitos a los “autores de escritorio” (grandes jefes), la generación de sentencias representativas y la indemnización a las víctimas, se encuentran sólo en ciernes.

Desde mi punto de vista, es muy obvio que la lentitud en la generación de resultados en Justicia y Paz, se debe a un error y es que se ha intentado instalar al interior de la misma ley, múltiples mecanismos de la denominada justicia transicional, sin tener la claridad suficiente para ponerlos en marcha de una manera organizada. De esa forma se ha creado un tipo de “súper ley”, que no solamente se encarga de tasar la valoración penal de las atrocidades de los grupos organizados al margen de la ley (GAOML), sino que también trata de generar un máximo de verdad (que dado el caso sólo puede ser producido por una comisión de verdad); y adicionalmente, debe también cumplir con la pretensión de que las víctimas participen masivamente y de que sean compensadas individual y colectivamente en el marco de un proceso penal.

En un país como Colombia con una tradición de debilidad institucional, una inmensa burocratización y la capacidad de complejizar cualquier tipo de proceso, la posibilidad de que la Ley de Justicia y Paz, cumpliera con las expectativas de tener exitosos y rápidos resultados, desde mi punto de vista resulta ser bastante limitada.

Pero más allá de centrarnos en las dificultades y escasos resultados del proceso de paz, es importante pensar que aún hay mucho por hacer. En ese orden de ideas, es necesario hacer una reforma a la ley que permita dinamizar el proceso y llevarlo a resultados rápidos y concretos. Así mismo, hace falta que el proceso tenga una real y verdadera visión de justicia transicional; algo que podría ser bastante doloroso, pues implicaría descargar el proceso penal y acudir al uso de amnistías, selecciones y priorizaciones claras y transparentes de acciones, autores y regiones.

Es necesario también, destinar por lo menos un componente del proceso –la verdad, la justicia o la reparación- a un proceso diferente e independiente de Justicia y Paz. No obstante lo anterior, es importante recurrir a mecanismos de la justicia transicional aún poco practicados en el caso colombiano, como lo es la depuración de las instituciones de funcionarios que por una u otra razón hayan estado involucrados con los actores del conflicto armado. En mi opinión, no antes de trabajar estos aspectos, se podrá hablar en Colombia de una verdadera Justicia Transicional que conlleve al alcance de una paz duradera.

En Twitter: @andreasforer
 

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