:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/02c4720c-6c6a-484b-8ec9-0a3abd746abc.png){kind=small}
La familia Guerra Hoyos se compone de cinco hermanos. Entre ellos están Bernardo Alejandro, concejal de Medellín por el partido Liberal; Fernando, representante legal de la emisora Ondas de la Montaña; Fanny Patricia, hermana media y quien es periodista; y Andrés, candidato por segunda vez a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático.
Una familia unida, principalmente cuando se trata de contratación con los recursos distritales. Y bastante tranquila, sobre todo en el tema de las inhabilidades. Me explico.
El artículo 49 de la Ley 617 de 2000 establece que los hermanos de los concejales están inhabilitados para contratar con el municipio y con sus entidades descentralizadas. Así de claro, pero así empieza el enredo.
La fundación Sembremos País fue fundada en 2015 por el candidato a la Gobernación Andrés Guerra y su esposa María Clara Arroyave como una plataforma para sus aspiraciones políticas. (Ver Registro de Sembremos País)
Guerra Hoyos fue candidato por primera vez a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático en 2015, pero perdió frente al actual gobernador Luis Pérez Gutiérrez.
Tal y como lo establece una investigación de la Personería de Medellín, María Clara Arroyave del Río, esposa del candidato a la Gobernación, cuñada del concejal Bernardo Guerra Hoyos, y fundadora y suplente de la fundación Sembremos País, celebró el contrato P-3423 de 2018 con el Instituto Tecnológico Metropolitano para prestar servicios de odontología a la institución universitaria adscrita a la Alcaldía de Medellín. (Ver Informe de vigilancia)
La misma esposa del candidato del Centro Democrático firmó otro contrato, el PS-1198 de 2018, con el Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo, uno de los primeros colegios públicos de la ciudad de Medellín, para la operación y gestión de la política pública de la juventud, como si las inhabilidades de ley por su cuñado concejal no significaran nada. (Ver Pascual Bravo)
Está enredado, pero se pone peor.
La fundación Sembremos País tiene un programa radial matutino, que lleva el mismo nombre, el cual es dirigido y producido por el candidato a la Gobernación Andrés Guerra y que tiene como finalidad sostener su nombre en los medios para permanecer activo en el debate político. (Ver Certificación)
Algunos de los miembros de la fundación, como John Wilson Carvajal Ruiz, actual representante legal, Blanca Denis Gutiérrez Ospina y Sabina López Gómez, son militantes del partido Centro Democrático y a la vez han pertenecido a la Unidad de Apoyo del concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra en el Concejo de Medellín. (Ver Miembros fundadores)
Dinámicos, pero todo queda en familia puesto que el mismo Concejo Municipal de Medellín ha celebrado varios contratos con la fundación Sembremos País para la “prestación de servicios de publicidad”. (Ver Contrato 4600072111)
De la misma manera, el canal Telemedellín, entidad adscrita al distrito, ha aprobado los contratos directos 613, 670 y 861 de 2016, 195 y 398 de 2017 para pagar pauta publicitaria en el programa radial Sembremos País. Lo más extraño es que dicha fundación no tiene en su razón y objeto social la de recibir o hacer pauta publicitaria. (Ver Contratos Sembremos País)
Más interesante aún, el programa se transmite por la emisora Ondas de la Montaña, que es del otro hermano Fernando Guerra Hoyos. La cadena radial no se ha quedado atrás y ha suscrito directamente los contratos 743 de 2016 y 291 de 2017, también con Telemedellín con el objeto contractual de pauta publicitaria para los diferentes programas de la emisora. (Ver Certificado de representación)
Pero no para ahí. Con los contratos 140 de 2017 y 406 de 2018 ocurre algo parecido, pero no igual. La diferencia es que estos fueron entre Telemedellín y la periodista Fanny Patricia Guerra Gómez, la otra hermana del candidato a la Gobernación por el Centro Democrático, para la pauta publicitaria del programa radial Viva la Vida. ¡Qué viva! Ya que todas esas contrataciones se hicieron durante 2016 y 2018, mientras Bernardo Alejandro Guerra ejercía su cargo político en el Concejo de Medellín por lo cual existían inhabilidades.
Pero sigue. Puesto que el 21 de marzo de este año el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó la pérdida de investidura en un fallo de primera instancia para Bernardo Alejandro principalmente por dos razones que nada tienen que ver con los contratos a favor de sus hermanos.
La primera causa tiene que ver con la defensa en el Concejo de Medellín de los beneficios para los afectados por el desplome del edificio Space en 2013, pues entre ellos estaba su hija Alejandra Guerra, dueña de un apartamento en uno de los edificios de la firma CDO que el Municipio ordenó evacuar cuando sucedió la tragedia.
Para el Tribunal, Guerra propuso una comisión accidental en el Concejo que decidió exonerar del pago del impuesto predial a los damnificados por los líos de la constructora CDO hasta 2023, y entre ellos entregó ese beneficio a su hija. Todo por la familia.
La segunda razón se debe a que, para el Tribunal, Guerra obtuvo financiación ilegal, violó las normas de financiación y se voló los topes máximos en su última campaña al Concejo. (Ver Fallo Tribunal)
Con estos antecedentes habrá que estar muy pendientes no solo de la financiación de la campaña a la Gobernación de Antioquia de Andrés Guerra Hoyos por el Centro Democrático, sino también de toda la posible contratación para su familia en el caso de que llegue a ganar, ya que, como dice su slogan de campaña, esa parece ser la manera de sembrar país.
akermancolumnista@gmail.com
Le puede interesar: "Vía al Llano: crónica del abandono a una región"