Sentido de las proporciones

INFORMA ESTE DIARIO QUE EL GObierno británico decidió suspender uno de sus programas de asistencia al Ministerio de Defensa colombiano por motivo de los falsos positivos.

Hay dos menús de reacciones previsibles por parte del Gobierno y sus amigos: o el silencio, esperando a que las aguas vuelvan a su cauce normal, o la denuncia indignada, alegando que todo es producto de la estrategia diplomática global de las Farc.

Ninguna de las dos tiene una gran probabilidad de impresionar a los auditorios internacionales; están estrictamente dirigidas al consumo interno. Pero creo que para un observador ponderado es difícil escapar a las tres siguientes conclusiones: a. En Colombia, en los últimos lustros, hubo una amplia ofensiva violenta contra diversos sectores de la población civil. b. En ella participaron sistemáticamente agentes del Estado y actores políticos. c. El argumento oficial según el cual ya “cesó la horrible noche” no se sostiene.

Como sobre las dos primeras premisas hay una abrumadora —y bastante macabra— evidencia, me concentro en la tercera. Creo que por la naturaleza misma del fenómeno, en este terreno hay que hacer un esfuerzo —consciente, a veces doloroso— por ser equilibrado y ecuánime. No es correcto desvalorizar la reacción enérgica del Ministro de Defensa ante el episodio de los falsos positivos. Igualmente, hay que reconocer la nueva actitud de los generales Padilla y Naranjo en varios eventos y procesos importantes. Si uno contrasta con el pasado, todo esto constituye una mejoría palpable. Lo que sostengo es que es aún totalmente insuficiente, al menos por dos razones.

La primera es que el progreso en términos de seguridad durante las dos administraciones Uribe ha sido muy desigual. Disminuyeron sustancialmente los homicidios y los secuestros. Pero el desplazamiento y las ejecuciones extrajudiciales no tuvieron el mismo comportamiento alentador. Ha seguido la brutal agresión contra líderes sociales, incluyendo desplazados, a quienes se concede el dudoso privilegio de anunciar con la debida anticipación su propia muerte. Enrique Santos ha dicho con razón que esto es un aterrador escándalo que el país inevitablemente pagará de diversas maneras. Y no es verosímil decir que los falsos positivos se acabaron en 2002 (o 2006). En la medida en que los matones tienen presencia tanto en el sistema político —qué digo: han estado generosamente representados en la coalición de Gobierno— como en diversos organismos de seguridad, la noción de que estamos frente a un progreso paulatino, y que sólo hacen falta cuatro, ocho añitos más para acabar con estas violencias, suena cínica y grotesca.

La segunda es que no estamos hablando aquí de travesuras, o de errores, o incluso de corrupción. Nos estamos refiriendo a crímenes contra la humanidad, que se ejecutaron con una vesania inaudita y que en muchas ocasiones —como la de los falsos positivos— ni siquiera contaban con una hoja de parra antiterrorista para tratar de cubrirse. El equipo dirigente de este Gobierno parece haber perdido el sentido de las proporciones. Creo que la indignación apenas está comenzando a manifestarse y me alegro de que sea así.