Separación de poderes: Duque, Duque y Duque

La periodista Cecilia Orozco —por quien tengo gran respeto y admiración— habla en su última columna del “sistema democrático” y la “separación de poderes”, en relación con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y la confesión de los antiguos miembros de la guerrilla de las Farc de que ellos cometieron ese crimen.

¿Hay de verdad en Colombia “sistema democrático” y “separación de poderes”?

En las últimas semanas hemos visto, en tiempo real, una síntesis de lo que ha sido el “sistema democrático” a lo largo de por lo menos seis décadas. Con algunas variaciones en el libreto —unas cortes más independientes, las acciones de tutela y un periodismo más beligerante—, seguimos en lo mismo: procesos de paz parciales, inconclusos; un sector guerrerista, violento, que incendia al país cada vez que llega al poder; un movimiento popular criminalizado, objeto de persecución y asesinatos selectivos; una justicia inoperante, paquidérmica, permeada por intereses creados, a veces corrupta, y a veces irrespetada por los presidentes de turno. Y el Congreso, la columna vertebral de la impunidad: la reproducción incesante de sus mayorías gobiernistas a través de esa mezcla de prebendas, alianzas con el narcotráfico, clientelismo-mermelada y complicidad con la violencia regional que busca eliminar toda amenaza contra el poder hegemónico de los caciques que dominan las regiones con esa mentalidad colonial, de amos de la tierra, herederos naturales de vidas y haciendas.

Y entonces llegan al Capitolio, y se encargan, con la sórdida filigrana que manejan a la perfección, de nombrar fiscales, procuradores, defensores del pueblo que no alteren el normal ritmo del “sistema democrático”, fachada eficiente de una maquinaria de exterminio que ahora está a todo vapor.

Duque, por lo tanto, está en lo suyo: manchada su conquista del poder por graves denuncias de intervención y financiación del narcotráfico en zonas clave para su victoria, ha sido indolente con la creciente ola de crímenes de dirigentes populares, emplea la misma fórmula ya legendaria de “investigaciones exhaustivas” y “caerá todo el peso de la ley contra quienes cometieron tan aleve crimen” (es un formato que llenan con el nombre de la víctima de turno) y, al mismo tiempo, destruye con dedicación y torpeza los acuerdos de paz de 2016. El hombre ha dado órdenes perentorias para que su maestro e inspiración, el caudillo fascista de El Ubérrimo, salga libre y sin mancha alguna. Pero no todo ha salido al pie de la letra, y la justicia, en su infinita sabiduría, guarda todavía alguna sindéresis.

Y en medio de audiencias, alegatos y fallos judiciales, también lo de siempre: amenazas contra líderes populares, académicos, periodistas, defensores de derechos humanos. Masacres. Todo a manos de escuadrones de la muerte, sicarios, bandas criminales, delincuentes en apariencia sin ideología ni plataforma política aprietan el gatillo para intimidar y destruir liderazgos comunitarios. Los contratan los que sí saben muy bien cómo combinar votos y sangre.

El caudillo encarcelado en su hacienda ha dicho con claridad meridiana que hay que reprimir la protesta social porque con ella se desenrosca, como una serpiente, el largo brazo del “comunismo”. Nada nuevo, por cierto. Con esa ideología se montó el Frente Nacional, también se cocinó la doctrina de la seguridad nacional. Lo interesante es que un sector de la clase dirigente - hábil y criminal - ha mantenido durante décadas la fachada democrática construida con las mismas tácticas de los dictadores de los años setenta en el Cono Sur: desapariciones, torturas, crímenes selectivos o en masa. Pero tenemos el cascarón, nos hemos enorgullecido de nuestras aceradas tradiciones democráticas, e incluso somos modelo de estabilidad para el continente.

Tal vez haya elecciones presidenciales cada cuatro años, alcaldes y gobernadores elegidos por el voto popular, ciudades y departamentos con líderes progresistas o de izquierda. Fallos judiciales históricos como el que puso a Álvaro Uribe tras las rejas (es una metáfora), y jueces de veras independientes que creen en la justicia. Pero la división de poderes es una ficción, promovida, de manera velada o explicita, por los diferentes ocupantes de la Casa de Nariño. Ahora, la crisis económica, política e institucional es severa. La corrupción es galopante y han quedado en suspenso, colgando del precipicio como en las películas, las negociaciones de paz con una guerrilla que se desmovilizó, firmó unos acuerdos, y está sometida a la prueba de fuego de honrar su palabra y su compromiso.

Duque cree que esos acuerdos son desechables, producto de la “traición” de Santos al santo patrón de El Ubérrimo. Por lo tanto, ni se acatan ni se cumplen. Son letra muerta, literalmente.

“El sistema democrático” es una nebulosa, un vacío, tal vez un deber ser que citamos como una especie de esperanza. Con la complicidad internacional, Colombia ha logrado sortear con éxito su deplorable récord en materia de libertades públicas. Ni Chile, ni Argentina, ni Brasil, en sus momentos más tenebrosos del gorilato, tienen el mismo número de desaparecidos, asesinatos y masacres como los que acumula Colombia en los últimos 40 años. Dirán que es por el narcotráfico, y en parte tienen razón: bajo el imperio de la mafia, los poderes regionales con la mirada cómplice o indolente del gobierno central han exterminado movimientos sociales y políticos que, en un momento dado, fueron clara posibilidad de gobiernos alternativos. Y siguen en su tarea de aniquilamiento.

Por eso, la democracia colombiana es apenas una ilusión. Un relato trágico y sangriento, en medio de códigos, leyes y constituciones. Es un territorio minado, cruel, en el que algunos bienintencionados buscan abrirse camino. Aquí no hay separación de poderes, apenas rituales sin sustancia, puesta en escena para el consumo externo. Han sido tan eficientes en el montaje, tan convincentes en su actuación, que los militares, a diferencia de otros países, no han tenido que intervenir, ni inventarse juntas para salvar a la patria. El gobierno de Duque, con su desacato a los fallos de la justicia, es una clara muestra de ello.