“Ser pillo paga”

Es la frase que están acomodando a los delincuentes de cuello blanco, que tras desfalcar al Estado con inmensas sumas de dinero, finalmente nada les pasa o son beneficiados con prerrogativas de comodín jurídico como: libertad por vencimiento de términos, el carrusel de testigos falsos para en cambio enlodar a inocentes ciudadanos, los beneficios de casa por cárcel y libertad condicional, entre muchas otras gabelas que solamente se ven en un país que se encuentra asediado por actos de corrupción y hechos de violencia.  

Quienes luchamos contra el flagelo de la corrupción en calidad de columnistas de medios de comunicación muchas veces somos denunciados penalmente por los mismos personajes sindicados, que lastimosamente nos ponen a asistir a la Fiscalía a dar explicaciones sobre hechos que son realmente ciertos.

Por eso, considero que, si se quiere luchar contra la corrupción, se hace indispensable institucionalizar la administración de justicia por igual, para los delincuentes de cuello blanco incrustados en las altas esferas del Estado, como para los pequeños transgresores, que muchas veces por física hambre u otras necesidades cometen un delito de menor cuantía, pero algunos jueces, para hacer alardes de pronta y cumplida justicia, los condenan a cinco o más años de prisión.  

La administración de justicia deber ser pronta, justa y equitativa, donde el ciudadano infractor sea igual a todos los demás que se encuentran en similares circunstancias, sin que existan preferencias por estrato social o político.

Sin embargo, con todas las injusticias que se están cometiendo con la desigualdad que existe frente al delito, parecería confirmarse que en nuestro país: ser pillo paga; si visitamos los diferentes centros carcelarios y averiguamos por los delincuentes que en los últimos días han resultado incursos en delitos de corrupción, podemos comprobar que gozan de una serie de privilegios; vergonzosamente los guardianes y demás funcionarios de los establecimientos de reclusión están incondicionalmente a su servicio.  

Es el colmo lo que ocurre con administración de justicia: son cientos los casos de humildes ciudadanos que un día tuvieron la desgracia de caer en manos de un juez corrupto, por haber infringido el código penal con la comisión de un delito menor, resultando penalizados hasta con diez años o más de prisión, sin embargo, para los delincuentes de cuello blanco que tienen el país ad portas del colapso: social, económico y jurídico, como en el caso de la salud, Interbolsa, Reficar, Odebrecht, entre otros, muchos de ellos tienen el beneficio de casa por cárcel, o cuando menos, disfrutando en cómodas mansiones dentro de los centros carcelarios.

Son miles los corruptos que se encuentran disfrutando de inmensas fortunas obtenidas por actos de sobornos, saqueos y peculados, pero tuvieron la viveza de renunciar oportunamente antes que les llegara el guante de la Justicia, y desde luego que sus procesos se convierten en todo un carrusel de desaciertos, con testigos falsos a bordo, que finalmente son archivados por vencimiento de términos u otras marrullas jurídicas.

No podemos desfallecer en la lucha contra la corrupción, para el caso de Odebrecht, donde aparece implicada la campaña presidencial del doctor Santos, no importa que se hayan vencido los términos; para tranquilidad del país la investigación debe ser llevada hasta sus últimas consecuencias y quienes resulten implicados por acción u omisión que reciban todo el peso de la Ley.

Eso de que ya no se puede investigar por vencimiento de términos suena a comodín, y en la opinión publica quedaría la sensación como en la famosa frase del entonces presidente Samper: “Todo fue a mis espaldas”, cuando el elefante de monseñor Rubiano ya había pasado por la sala de los acontecimientos y confirmado la noticia.    

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