Por: Cartas de los lectores

¿Será que en Bogotá tienen la palabra?

El Departamento de Caldas fue certificado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el primero de Colombia libre de cultivos ilícitos, luego de diez años de trabajo certero y cinco años de rigurosas mediciones. Naciones Unidas resaltó que el tratamiento que se le dio al problema en este departamento no fue represivo. Educación, mejores vías, oportunidad a los jóvenes y el impulso a proyectos productivos fueron la clave de este logro. Erradicar es muy importante, pero el éxito de la erradicación está en prevenir nuevas siembras, declaró el organismo.

El gobernador de Caldas, Guido Echeverry, quien durante sus dos mandatos respaldó el proceso, expresó que el éxito se alcanzó al conjugar una política nacional sintonizada con la realidad regional, una presencia institucional local y el trabajo comunitario. La erradicación voluntaria de 3.000 hectáreas, localizadas en nueve de los 27 municipios, benefició directamente a 1.000 familias e impactó social y económicamente a toda la región. Se intervinieron 300 kilómetros de vías terciarias, conectando veredas y fincas con los centros de consumo; la seguridad estimuló una oferta turística biodiversa que no existía; una organización cafetera comprometida, el plátano, la caña de azúcar, una ganadería floreciente y la exportación de caucho y aguacate Hass son la cuota inicial de un proceso de bienestar con visión de mediano y largo plazo, manifestó el gobernador.

El éxito de la política pública en Caldas contra los cultivos ilícitos es contundente. La voluntad política del gobernador y de los alcaldes, un trabajo continuo durante diez años, familias involucradas y motivadas, líderes sociales protegidos y escuchados, una fuerza pública y de policía comprometida y una comunidad internacional actuante impulsaron la economía campesina y el trabajo asociativo. Sin glifosato, Caldas acabó con la siembra y la producción de los cultivos ilícitos. Pierre Lapague, representante para Colombia de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU, declaró ante la sociedad caldense que “es la prueba de que esto se puede hacer, además, es lo que se tiene que hacer”.

Los obispos católicos, en su conferencia anual, revelaron un rechazo rotundo a la erradicación con glifosato, ya que desde sus parroquias son testigos excepcionales del daño que causa a la población campesina y al medio ambiente. Piden que se cumpla con los compromisos de sustitución voluntaria y se empodere a las familias con proyectos productivos comunitarios. “Esta población marginada históricamente debe recibir el apoyo que ha estado ausente durante tanto tiempo, pues en las regiones productoras no hay un Estado social de derecho fuerte”, subrayaron en su declaración.

No es la falta de recursos públicos lo que tiene a Colombia en el atolladero en que se encuentra para acabar con los cultivos ilícitos; es la falta de una política pública que con voluntad y decisión ponga en el centro del debate y de la solución a las familias campesinas que sufren todos los días la guerra y la miseria que produce el narcotráfico.

Reconociendo el desconocimiento y abandono histórico a la sociedad campesina, vistos los resultados en Caldas, escuchados los obispos y valorada la visión internacional sobre este espantoso drama, surge una pregunta: ¿será que en Bogotá tienen la palabra?

Marco Aurelio Zuluaga Giraldo.

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