Por: Cecilia Orozco Tascón

¿Qué será lo que se quiere esconder?

El domingo pasado, Yidis Medina, una mujer de las que “no son nadie”, según dijo Alberto Velásquez, el expoderoso exsecretario general de la poderosísima Casa de Nariño, le dio una entrevista a El Espectador en la que contaba con quiénes había convivido en la cárcel donde pagó el delito de cohecho que cometió cuando aceptó dádivas de altos funcionarios del gobierno de entonces, a cambio de votar la reelección presidencial.

En otra parte del artículo contestó preguntas sobre la persecución y los montajes a los que fue sometida cuando decidió confesar la verdad. Y, finalmente, habló de sus impresiones sobre la audiencia en la Corte Suprema a la que asistió en calidad de testigo, en desarrollo del juicio a Velásquez y a dos exministros: Sabas Pretelt y Diego Palacio, ambos de la entraña del beneficiado con el cohecho.

La audiencia fue, como ordena el sistema acusatorio, oral y abierta al escrutinio de la sociedad para garantizar la transparencia del proceso. Se cumplía así el denominado principio de publicidad que reglamenta el sistema. Por eso, la sala estaba atiborrada de cámaras de televisión y fotografía, y de reporteros. O sea, no hubo allí nada que el juez colectivo, en este caso la Sala Penal, considerara que ponía en peligro la vida de los asistentes, afectara la seguridad nacional, dañara a los niños ni tampoco que comprometiera el éxito de la investigación, motivos que merecen la excepción a la norma. Hay otro: que se pueda menoscabar el derecho de los acusados a tener un juicio justo. Pero uno supondría que, tratándose del máximo tribunal penal, los magistrados no torcerían su decisión por una simple nota. Pues bien, a pesar de que aquel día hubo profusión de noticias acerca de dicha sesión, Medina fue conminada, so pena de sufrir otra sanción (encima de las que ya ha soportado mientras la otra punta del cohecho sigue campante), a no entrar en contacto con los medios. Ni que en la entrevista se hubiera revelado un grave secreto. Muy fácil cedió la corte a los intereses privados de algunos abogados que, paradójicamente, usan a los periodistas como vehículo de sus estrategias de defensa.

Lo preocupante de este episodio es que manifiesta la proclividad de la Sala Penal a limitar la libertad de prensa o, peor aún, a censurarla. Es inocultable la intolerancia de la mayoría de sus actuales miembros a la crítica. Recordemos: primero fue la amenaza de denuncia a una columnista por injuria y calumnia, socorridos tipos penales cuando se trata de silenciar a la gente. Ahora esta advertencia que hace callar a Medina y, por vía de ejemplo, a otros. Y entre la una y la otra, la dislocada sentencia que resalta la propia corte en su web, en la que absuelve a un comunicador para salvar la apariencia mientras en el fondo presenta páginas y páginas de argumentos a favor del castigo a los periodistas —en particular a los columnistas, qué fortuita coincidencia— por los susodichos delitos. Trae, para el efecto, jurisprudencia nacional e internacional ausentes de contexto, para justificar su deseo casi ferviente de restringir los comentarios sobre la conducta de los togados. Un solo ejemplo: “Ese reconocimiento (a la libertad de opinión) no obsta para advertir que la Corte... no prohíja ningún tipo de derecho, mucho menos fundamental, a la difamación. Por ello, en cada caso concreto, si los jueces verifican que los términos utilizados... minan la dignidad humana... se hallan en la obligación de aplicar la ley, incluso, si se trata de medios de comunicación o periodistas”. La “dignidad humana” claro, puede interpretarse como a bien tengan ellos. Peligroso fallo que parece hecho para impedir el ejercicio de un periodismo libre de presiones y temores. Vaya usted a saber qué será lo que se quiere esconder.

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2013-08-13T22:48:49-05:00

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