Por: Luis Carvajal Basto

¿Seremos víctimas de la ley?

El acuerdo político para promover la ley de víctimas es un importante logro, pero el gobierno, que tiene la responsabilidad de consultar la capacidad fiscal antes de firmar, debe ahora conseguir consensos sobre la manera en que no se convertirá en un manual de buenas intenciones o desangre de las finanzas públicas.

Solo así esta Ley, que se tramitará de manera simultánea con la de tierras, cumplirá sus objetivos que son legales morales, económicos y de sostenibilidad del sistema político.

La Ley atiende un mandato Constitucional que confiere al Estado la responsabilidad de otorgar protección adecuada a todos los ciudadanos y debe excluir alguna responsabilidad particular o la concesión de nuevos derechos a los victimarios. En contrario, debe definir los mecanismos prácticos mediante los que estos contribuirán a resarcir a las víctimas.

El debate político podría escapar a la demagogia practicada por quienes se consideran a sí mismos representantes de los afectados que, en alguna medida, hemos sido todos los colombianos. En ese caso, considerar que las sanciones políticas se han surtido, por parte de la sociedad, por la vía electoral y resultará difícil, para los derrotados, convertir una sanción política en argumento de "reencauche", aunque será inevitable que, una vez más, sea utilizada para recuperar protagonismo mediático.

Por otra parte, el congreso no puede promocionar Leyes impagables. Un estimativo en la pasada legislatura, en el frustrado proceso de la Ley, señalaba que su costo fiscal ascendería a 39 mil millones de dólares, más de un año del total de exportaciones del país. ¿De dónde saldrán?

También debe considerarse que la ausencia de una Ley tiene costos que termina pagando el Estado, es decir todos los ciudadanos, por la vía de demandas individuales. En el pasado, los comités de defensa judicial y conciliación de las entidades públicas, permitieron en alguna medida atender circunstancias similares, racionalizando costos aun cuando las acciones de repetición contra funcionarios corruptos o displicentes, no tengan la magnitud que deberían.

Pero a nadie conviene una respuesta dispersa del Estado y la Ley es una buena oportunidad para crear una oficina que coordine la afectación del patrimonio público de manera unificada. Un defensor. Con seguridad, esa oficina se financiará a sí misma con su gestión y no significará erogación de mayores recursos.

Esperamos que sea aprobada por el congreso una Ley que diferencie entre víctimas y victimarios, con responsabilidad fiscal y mecanismos prácticos, para que el ciudadano de la calle se beneficie y no se convierta, por la vía de impuestos y recursos mal manejados, esta vez en víctima del fallo que se pretende corregir.

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