Por: Eduardo Sarmiento

Sí al acuerdo por la paz

El plebiscito es un sondeo político sobre el acuerdo de paz. La pregunta no se refiere al qué, la paz, sino al cómo, el acuerdo suscrito en la Habana. Curiosamente, la confrontación pública de los promotores gira en torno a la guerra o la paz, lo cual no está en juego, y no sobre la efectividad del acuerdo para alcanzar la paz.

Los gobiernos estuvieron durante cuarenta años buscando el arreglo para parar la guerra y no lo lograron. En la teoría de juegos se encuentra en forma científica que estos conflictos no duran indefinidamente. En un principio las dos partes o una de ellas prefieren la guerra. De acuerdo con el equilibrio de Nash, pensador sobresaliente del último siglo, en la medida en que pasa el tiempo las diferencias se acortan y las dos partes se aproximan advirtiendo que la mejor opción es la paz. En este sentido, la culminación del conflicto es más un proceso científico de racionalización que un acto unilateral de voluntarismo.

Al final, las dos partes entendieron hasta dónde el contrario podría llegar. El Gobierno entendió que las Farc no accederían sin una reducción de penas e ingreso a la vida política. Por su parte, las Farc advirtieron que el Gobierno no daría el brazo a torcer en el modelo neoliberal.

La percepción de que el Gobierno les entregó el país en exceso a las Farc no es cierta. En esta oportunidad las Farc obtuvieron menos de lo que solicitaron en intentos anteriores. Mientras que en el Caguán se condicionaba el acuerdo a un cambio de fondo en la organización económica y social, ahora la discusión sobre estos aspectos se circunscribe a la agricultura.

En el diálogo de La Habana se llegó a uno de los diagnósticos más acertados del sector agrícola, que se caracteriza por la mayor exclusión de la población y la mayor concentración de la riqueza. De un lado, se propone elevar el ingreso de los pequeños productores cuyos salarios son menos de la mitad de los urbanos, y de otro, ampliar la inversión y reorientar la estructura productiva para impulsar el crecimiento del sector e incrementar el ingreso per cápita. Sin embargo, los propósitos se ven impedidos por la exigencia inicial del Gobierno de restringir el diálogo económico y social a la agricultura y eximir de los cambios y reformas al resto del sistema. La transformación de la agricultura requiere de acciones complementarias en la industria, el sistema fiscal y sobre todo en materia comercial y cambiaria, donde la apertura y los TLC deprimen el salario agrícola e impiden la producción de cereales y derivados de la ganadería que disponen de la mayor demanda mundial.

La gestión en el sector agrícola puede contribuir a aliviar las condiciones de inequidad de la sociedad, pero de ninguna manera las resuelve. Luego de veinticinco años de deterioro de la distribución del ingreso, era necesaria una referencia más extensa del tema y algunas recomendaciones concretas, como volver al criterio de incrementar permanentemente las transferencias fiscales a las regiones, reiterar la necesidad de un sistema progresivo que grave más el capital que el trabajo, y más los salarios altos, y una severa limitación a las salidas y ocultaciones del capital.

El proceso de negociación desembocó en un marco imperfecto, en el sentido de que no supera de inmediato el atraso de la agricultura y no avanza en forma considerable en la mejoría de la distribución del ingreso. Como lo señaló el jefe negociador y se reconoce en el capítulo de implementación, no se trata de un producto terminado. El resultado final dependerá de la capacidad de la economía para adaptarse a los propósitos del acuerdo y de la voluntad política y ciudadana de apartarse del modelo neoliberal. Así las cosas, el acuerdo de La Habana es el primer paso en la dirección correcta para lograr la paz estable y duradera.

 

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