Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Si no cumplimos los acuerdos, todos estamos jodidos

Los recientes acontecimientos asociados a la paz obligan a escribir sobre la política pública y los efectos ambientales del proceso.

A inicios del 2016, en el foro convocado por el DNP, Naciones Unidas (PNUD) y la Fundación Buen Gobierno llamado “Dividendos ambientales de la paz: Retos y oportunidades”, el presidente de la República y el director del DNP hablaban con mucho optimismo sobre los “dividendos ambientales de la paz”. Fui considerado la oveja negra cuando, en mi intervención durante el foro, me referí a los riesgos ambientales de la paz y a la alta posibilidad de que, en los territorios, la firma del Acuerdo acelerara la deforestación. En la columna “¿Dividendos ambientales de la paz?” (El Espectador, mayo 15/2016) expliqué mis razones.

Según datos del Ideam, en 2016 y 2017 la deforestación se ha acelerado dramáticamente en los lugares donde se replegaron las Farc, principalmente en Caquetá, Choco, Meta, Antioquia, Guaviare y Norte de Santander (El Espectador, febrero 22/2018, “San Vicente del Caguán fuera de control en deforestación”). Simplemente porque, ante la ausencia del Estado y en algunos casos con complicidad de gobiernos locales, los inversionistas acaparadores ilegales de tierras han llegado a deforestar sin control alguno; mientras campesinos y excombatientes aún están esperando la Reforma Rural Integral acordada en La Habana.

Dada la desfinanciación del Gobierno central para implementar el Acuerdo, mediante el decreto 691 de 2017 se desmontó el “Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto”. Administrado desde el Ministerio de Ambiente, dicho fondo financiaría la gestión ambiental en los territorios con los recursos captados por el llamado impuesto al carbón. Fue sustituido por el “Fondo Colombia en Paz” para financiar los compromisos de implementación del Acuerdo, donde el Ministerio de Ambiente no forma parte de su Consejo Directivo.

Ante la crisis fiscal, se pierden los recursos para la gestión ambiental provenientes de la reforma tributaria que —según la presentación del ministro de Hacienda en la Reunión Anual del Grupo Banco Mundial (abril, 2017)— demostraba “un verdadero compromiso del Gobierno para avanzar hacia un sistema fiscal más integral que incluya el medio ambiente y la sostenibilidad”, pues incluía “el impuesto sobre el carbono, con el que Colombia reduciría emisiones por más de 4,3 millones de toneladas de CO2 en los próximos 13 años”. Y resulta banal la afirmación ministerial, según la cual “todos estos recursos significarán un motor importante para implementar medidas de adaptación frente a fenómenos climáticos como los que han afectado recientemente al país”.

Según Cárdenas, el “Fondo Colombia en Paz” llevaría a cabo iniciativas de paz y ambiente. La reciente crisis tanto del “Fondo Colombia en Paz” como del “Fondo Colombia Sostenible” muestra que el Gobierno no ha utilizado dichos fondos ni para el ambiente, ni para la paz.

La cosa se agrava cuando el embajador de Noruega —país aportante tanto a temas de ambiente como de paz—, en carta dirigida al Ministerio de Hacienda (diciembre 14/2017), manifestó su preocupación y extrañeza por la propuesta de modificación del Plan Operativo Anual del Fondo Colombia Sostenible que, según la carta, no cumple con los principios pactados entre el Gobierno de Colombia y los de Noruega, Reino Unido y Alemania, como países aportantes.

¡Si no cumplimos lo acordado, todos estamos jodidos! Pongamos energía positiva, voluntad política y capacidad institucional para construir la paz. A todos nos interesa y beneficia la paz y un ambiente sano.

 

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