¿Cómo avanza la reincorporación de excombatientes en el Cauca?

hace 4 mins
Por: María Teresa Ronderos

Si no desconfiaran de los líderes sociales…

Tatiana Posso fue asesinada hace seis días en su casa. Tenía 35 o 36 años, era viuda, guardia de seguridad, investigaba el homicidio de su marido y aspiraba a tener el aval de Colombia Justa Libres para ser candidata al Concejo de El Copey. El partido cristiano y su senador lamentaron el asesinato. La Red Nacional en Democracia y Paz dijo que Posso daba ayuda humanitaria a víctimas. Su página de Facebook despliega amor, corazones, cantantes románticos y un video de su grupo político “Yo voy con el calvo”, que apoya a Kaleb Villalobos a la Gobernación del Cesar. El secretario de Gobierno de El Copey concluyó prematuramente que su muerte no estaba relacionada con política.

Nueve días antes, en Tierralta, Córdoba, cayó abaleada María del Pilar Hurtado, recicladora de casi la misma edad de Posso. Había venido desplazada desde Puerto Tejada, Cauca, para salvar su vida, después de haber denunciado a criminales que en su pueblo descuartizaban personas. En Tierralta, representaba a desplazados que habían levantado sus ranchos en lotes ajenos (uno, del padre del alcalde) ante la Alcaldía. Un panfleto supuestamente de las Autodefensas Gaitanistas advertía que la matarían junto con otros de una lista, si no se iban. El alcalde ordenó el desalojo días después de las amenazas y la policía prontamente cumplió la orden. La Procuraduría suspendió al alcalde por ordenar el desalojo.

Ese crimen llamó la atención nacional porque un conmovedor video de su hijo se hizo viral, forzando a la autoridad a responder. El alcalde dijo que no era lideresa y el ministro de Defensa prontamente culpó al Eln, Uribe lo trinó. Después corrigieron.

La Defensoría del Pueblo dice que 20 mujeres con liderazgo social o político han sido asesinadas en un año, y otras 13 han sobrevivido atentados. El presidente Duque dijo en Europa que eran menos líderes asesinados que en igual período del último gobierno de Santos.

El senador estadounidense Bob Menéndez sí dio la declaración que uno esperaba de los gobernantes colombianos: “A los líderes de derechos humanos el Estado no los debe considerar como enemigos, son amigos del Estado, son parte del desarrollo civil”.

No lo entienden así las autoridades aquí. Por la inercia de perseguir a la guerrilla por medio siglo, la dirigencia nacional se ha aferrado a los postulados de la Guerra Fría, que el mundo superó hace ya casi 30 años. Siguen viendo al “enemigo interno” en cada persona que intente cambiar las cosas o hacer cumplir leyes progresistas dictadas en Bogotá o se resista al crimen protegido por la política.

A la señora Posso la pudieron haber matado por su aspiración política o por ayudar a víctimas o por averiguar quién mató a su esposo. En todo caso, defendía el Estado de derecho. A la señora Hurtado casi la matan en Puerto Tejada por denunciar a delincuentes, y la mataron en Tierralta probablemente por defender pacíficamente a los desplazados. Estas mujeres eran claves para construir civilidad.

Si la policía de Tierralta hubiera considerado a Hurtado como aliada, no hubiera desalojado a víctimas amenazadas por gaitanistas; ni el secretario de Gobierno habría salido a desmentir el liderazgo de Posso, y el senador cristiano hubiera hecho más que trinar. Tampoco ministro y expresidente hubieran usado la tragedia como munición para su batalla ideológica; ni el presidente hubiera relativizado las vidas perdidas, con cifras acomodadas. Si no las vieran con sospecha, estas autoridades las hubieran respaldado en sus esfuerzos de justicia cuando vivían. Y al haber fallado, al menos, se hubieran avergonzado por su incapacidad de protegerlas, reconociéndoles públicamente su valor estratégico, como tejedoras de democracia en los territorios más azarosos.

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2019-07-08T15:06:04-05:00

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2019-07-09T11:48:02-05:00

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