Por: Tatiana Acevedo Guerrero

Si paramos La Colosa paramos cualquier cosa

Comienza el año 2014 y muchas cosas van mal en La Colosa.

La concesión, que se encuentra en manos de la empresa Anglo Gold Ashanti —AGA—, cubre 515.75 hectáreas del municipio de Cajamarca y se extenderá hacia otros municipios de esta zona del Tolima, que se proyectan como centros de procesamiento del oro. En su fase de “prefactibilidad” (pues no se comenzará a explotar sino en 2019), el proyecto plantea seis problemas.

El primero y más mentado tiene que ver con el agua. Algunos estudios afirman en que AGA empleará aproximadamente un metro cúbico de agua por segundo para procesar cada tonelada de mineral (un nuevo informe de la ONG inglesa Colombia Solidarity Campaign advierte que el consumo de agua será, aproximadamente, de 1’885.125 metros cúbicos por mes). Hay quienes alertan sobre una afectación directa e inevitable de los acueductos locales y del distrito de riego Usocoello. La empresa, por su parte, desestima esta preocupación. “El consumo del recurso hídrico en un proyecto minero es muy bajo”, afirma Felipe Márquez, representante legal de la compañía, “porque el bien final, en el caso del oro, no tiene contenido de agua. Ésta no desaparece, recircula. El mismo litro se está usando todo el tiempo”.

El segundo está relacionado con los escombros, pues la mina generará una gran cantidad de roca desechada que será apilada. Asociaciones comunitarias, organizaciones internacionales, profesores y hasta la Contraloría conocen las consecuencias que esto acarrea: las lluvias que caen sobre las pilas de desechos de roca causan reacciones químicas, que producen aguas ácidas, que a su vez disuelven metales en los desechos de roca, liberándolos en el ecosistema. AGA, nuevamente, considera que esta no es una preocupación válida: “Esa roca, que nosotros llamamos el estéril —asevera su representante legal—, es una piedra que se cambia de sitio sin hacerle ningún tipo de tratamiento. Usted levanta la capa vegetal de una zona, coge la piedra que le sirve y la que no, la pone en otro lado. Luego restaura esa zona y vuelve a quedar exactamente igual”.

Un tercer problema es de acción colectiva, pues son muchos las comunidades divididas por el futuro de la mina. “Antes de luchar contra la entidad minera, nos están haciendo luchar contra nosotros mismos, contra nuestros vecinos y amigos; porque mientras el Estado no garantice una vida laboral digna, muchos de ellos seguirán dependiendo de La Colosa para conseguir y asegurar la papita diaria y por lo tanto no se van a arriesgar a apoyar nuestra labor”, resumió Róbinson Mejía, del Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca. Y cuando las comunidades logran ponerse de acuerdo para llevar a cabo movilizaciones de resistencia, como es el caso del municipio de Piedras (que se negó a ser sede de la planta de procesamiento), se tropiezan con un cuarto problema, de incoherencia estatal.

Esta incoherencia puede darse dentro de una misma entidad (como el Ministerio de Medio Ambiente, que ha emitido sanciones y permisos discrepantes). También puede presentarse cuando dos entidades públicas se contradicen. O cuando, como en el caso de Piedras, los habitantes hacen uso de un derecho constitucional, pero la Procuraduría los bloquea.

El último y más grave problema tiene que ver con la presión armada. El uso del homicidio selectivo en la región habla muy mal del proceso y hace temer por lo que viene. José Antonio Ramírez, un chofer que transportaba una comisión del Instituto Agustín Codazzi (que delimitaba las zonas de páramos), murió en octubre, cuando el jeep que iba manejando fue atacado con un artefacto incendiario. Pedro César García, presidente de la Junta de Acción Comunal, opositor a La Colosa y miembro del movimiento Conciencia Campesina, fue asesinado delante de su esposa y su hija el pasado sábado 4 de noviembre. Roque Gutiérrez, uno de los presuntos cómplices del asesinato de García, fue encontrado muerto hace tres días.
 

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