Por: Gustavo Gallón

Si por el Cauca llueve, en Urabá no escampa

En marzo de 2011 la Corte Constitucional evitó, hasta donde pudo, el etnocidio de las comunidades indígenas de Chidima y Pescadito, en el Urabá chocoano: ordenó suspender un trazo de la carretera que atravesaría su territorio para unir los municipios de Unguía y Acandí, así como obras de interconexión eléctrica y licencias mineras que avanzaban vorazmente en esos dos resguardos (sent. T-129/11).

La Corte ordenó además que el Gobierno estudiara la viabilidad de once propuestas alternas de carretera, que el Incoder valorara la posibilidad de integrar dichos resguardos, que se tradujera la sentencia a lengua embera, que se adoptara un plan prioritario de salvaguardia o protección para estas comunidades y que se efectuara una consulta previa con ellas. Aparte de la suspensión, nada adicional se ha hecho, dieciséis meses después de haber sido ordenado. Así se evidenció en una audiencia realizada ante el Tribunal Superior de Chocó el 24 de julio de 2012, ante lo cual el gobernador de uno de los resguardos dijo:

“Ahora, hay más colonización porque dicen: ‘si esta carretera va a pasar por aquí, claro que la finca mía va a tener un mejor precio’ y ‘esos pocos indígenas no sirven, hay que sacarlos’. Los indígenas vivimos acá en Colombia desde hace más de quinientos años, pero cada vez nos van disminuyendo, y después dicen: ‘los indígenas son poquitos, nosotros somos la mayoría, nosotros somos los que sabemos; los indígenas no entienden qué es desarrollo, qué es progreso’.

Pero nosotros, indígenas, también sabemos qué es desarrollo, qué es progreso, con nuestro territorio, nuestros bosques, ríos, sabemos gozar, sabemos vivir. Al lado del río donde nosotros vivimos, esa agua se está convirtiendo en bañadero de reses de los dueños de las fincas y nosotros acá abajo bebiendo de esa agua, estamos bañándonos. Fumigan sus fincas y todo ese veneno cuando llueve escurre al río y ya el río no está como estaba veinte años atrás.

Estamos cansados de tanto exigir a las autoridades que nos respeten, que la casa es nuestra y a la casa ajena hay que pedir permiso para poder entrar. La afectación del territorio no es como ahora veinte años, porque vivíamos felices, nadie obstaculizaba nuestra movilización dentro de nuestro resguardo. Ya ahora no. Ahora hay fincas alrededor de la selva.

La comunidad está decidida a que si esto va a seguir así, pues suicidémonos, porque no queremos aguantar más este atropello. Pero yo como gobernador y otros líderes siempre estamos diciendo: ‘no, hay que seguir resistiendo, hay que seguir defendiendo nuestro territorio’. Entonces se pide: ya no más, hay que haber un descanso para estas comunidades indígenas”.

En 2005, el Relator de ONU sobre Pueblos Indígenas advirtió sobre “comunidades indígenas en peligro de extinción” en Colombia (párr. 115). La Corte Constitucional en 2009 declaró que “hay un proceso destructivo de la diversidad étnica y cultural del país, que es invisible para la sociedad y el Estado colombianos” (auto 004). Para evitar más lágrimas al respecto, ¿qué hace falta para cumplir por fin los acuerdos y las órdenes que protegen los derechos de los pueblos aborígenes y la relación con su territorio?

*Comisión Colombiana de Juristas, director. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org.

 

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