Por: Gonzalo Hernández

Si se cae

En 2018, el Gobierno se estrenó en materia económica con una ley de financiamiento (o reforma tributaria) que tomó por sorpresa a muchos de los que votaron por Iván Duque –el partido de gobierno había prometido menos impuestos–. Aunque los recaudos tributarios de 2019 están ya operando de acuerdo con esta ley, la Corte Constitucional podría tumbarla en las próximas semanas, especialmente por errores de forma en su trámite por el Congreso de la República.

Varios analistas coinciden al afirmar que la ley de financiamiento no logra cubrir el faltante de recursos para el Presupuesto General de la Nación –una de las justificaciones principales del Gobierno para proponer la ley–. El efecto de financiamiento de la ley podría ser casi neutro. La ley eleva, por un lado, las tarifas de impuesto de renta de las personas naturales –algo ya sentido en los bolsillos de muchos asalariados–, mientras reduce, por otro lado, los impuestos pagados por las empresas. Y persiste la preocupación sobre empresas que pueden ser usadas por algunas personas naturales para evadir sus responsabilidades tributarias.

La decisión de la Corte Constitucional, entonces, no debería generar mayores angustias en relación con los efectos netos de financiamiento –a pesar de que el Gobierno no dejará de usar ese punto como mecanismo de presión para mantener la ley en pie–. Sin embargo, no puede olvidarse que, además del objetivo de financiamiento, la ley permite exenciones del impuesto de renta para los sectores que el Gobierno ha definido como naranja y para la industria del turismo. Algunas empresas seguramente argumentarán que tomaron decisiones de inversión, que son irreversibles, motivadas por los incentivos tributarios. Es difícil saber la magnitud de ese aspecto. Supongo que muchas empresas, acostumbradas a los vaivenes jurídicos, no se atrevieron a hacer grandes cambios en sus inversiones hasta tener garantizada la solidez de la ley.

Lo cierto es que, de caerse la ley, el Gobierno se quedaría sin argumentos para intentar convencer a los colombianos de que tiene una estrategia clara de crecimiento económico y empleo, basada en la economía naranja, con incentivos precisos a través de los estímulos tributarios.

No comparto la opinión de que un pronunciamiento de la Corte en contra de la ley le sería útil al Gobierno para corregir en el camino algunos puntos. El Gobierno habría perdido un año en relación con su agenda económica. Imaginen que ahora, en su segundo año –sí, dos de cuatro–, le toca volver a pasar otras propuestas al Congreso, incluso con más desgaste político del que tenía a finales de 2018. La oposición celebraría que había advertido los vicios de la ley desde el principio. El Estado podría tener que enfrentar costos operativos y legales para devolver algunos impuestos, cobrar otros y compensar a quienes sostengan que se vieron afectados por decisiones irreversibles motivadas por la ley de financiamiento. La credibilidad sobre la estabilidad de las leyes en Colombia sería golpeada una vez más, con efectos negativos de largo plazo sobre la inversión.

Y la cereza del pastel: los colombianos tendrían una nueva señal para afianzar la idea de que el Gobierno improvisa y no da pie con bola.

Coletilla. Independientemente del gobierno de turno, los procedimientos y tiempos de revisión de las leyes, a menos que sean de emergencia, deberían ajustarse para que las leyes puedan entrar en vigencia sin la inseguridad de que pueden ser tumbadas unos meses después.

* Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).

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