Por: María Elvira Bonilla

Siembra promesas y cosecharás paros

Hay nubarrones en el cielo del 'Pacto por el agro', una iniciativa que empezó coja porque los promotores de las movilizaciones se abstuvieron de participar y porque voceros de organizaciones que asistieron al corte de cinta cuestionaron su legitimidad.

Mucha corbata y poca representación de “los que se parten el lomo y son los más damnificados”, dijo Augusto Márquez, presidente de Usochicamocha, que agrupa a 10 mil productores de Boyacá, el 90% minifundistas.

Aparte de la cojera, desde el principio hubo malas señales, como la que dio el ministro del Interior, Aurelio Iragorrri, al descalificar a los ausentes —según él— movidos por intereses políticos. Que tire la primera piedra el que en esa mesa carezca de esas u otras motivaciones, empezando por el Gobierno que, para aplacar el temporal y recuperar imagen, propuso el pacto como plato fuerte, como aperitivo tomó algunas medidas de choque y de pousse-café sirvió en bandeja el Incoder y el Banco Agrario a los conservadores.

Tampoco ocultan intereses políticos algunos dirigentes gremiales, como es el caso del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, defensor de las políticas uribistas y quien figura entre los precandidatos del Partido Conservador. Y no es neutral el cuestionado ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, un conservador que representa los intereses de la gran propiedad y los megaproyectos agroindustriales, hoy en entredicho.

Pero si las primeras señales del Gobierno con el pacto agrario no fueron buenas, ni las que dio cuando decidió hacer un drástico recorte del 32% en el presupuesto de 2014 para el campo, tijeretazo que los paros obligaron a replantear para salvar la situación (el ministro de Hacienda tuvo que echar mano del cuatro por mil), tampoco son positivas las más recientes. Una de ellas, el rifirrafe entre el ministro Lizarralde y los gremios, a los que cuestionó por su representatividad y llamó a que se sacudieran. De no hacerlo –dijo el ministro–, otros le quitarán la vocería “para presionar decisiones del Gobierno que, en la mayoría de los casos, no favorecen a los agricultores”. Una mala señal adicional son las promesas incumplidas del Gobierno y las falsas expectativas creadas: decretos sobre salvaguardias y regulación de precios de los insumos.

Y si por los lados de la mesa del pacto llueve, por los de la mesa de los acuerdos del Catatumbo no escampa, pues de los 10 acuerdos firmados, sólo el de la reparación a las 400 familias afectadas con la erradicación de los cultivos de coca se ha hecho realidad. De resto, ni pío. Los recursos para las obras de infraestructura y el hospital no llegan, la constitución de la Zona de Reserva Campesina está en veremos, lo mismo que el financiamiento para planes de desarrollo sostenible. Promesas, promesas, promesas…

Así las cosas, no tendrá por qué sorprenderse el Gobierno si se producen nuevas movilizaciones. La conflictividad social en el agro está a flor del suelo. El Gobierno no puede seguir hablando de la necesidad de saldar la deuda histórica con el campo, ofrecer el oro y el moro, y no cumplir. La situación es tan crítica, que las quejas no sólo provienen de los sectores representados por las llamadas ‘dignidades ‘ y de los líderes de las movilizaciones del Catatumbo, sino hasta del presidente de la SAC, Rafael Mejía, que considera que “el Gobierno está en un mundo diferente al real”.

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