¿Signos positivos?

Francisco Gutiérrez Sanín
19 de julio de 2018 - 09:00 p. m.

Parecen estar moviéndose las cosas en la dirección correcta en lo que respecta a la lucha contra el asesinato de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, un baldón que debería avergonzarnos a todos. Diversas fuerzas políticas suscribieron un pacto para proteger la vida de los liderazgos. La Defensoría y la Procuraduría se han apersonado del tema, impulsando iniciativas de gran valor. El procurador Carrillo, junto con otras figuras, ha comenzado a llamar “asesinato sistemático” al asesinato sistemático: el lenguaje claro y directo casi siempre es signo de que algo bueno está pasando. Pero sobre todo me encantó que la Procuraduría estableciera un acuerdo con Caracol Noticias para sensibilizar a millones de ciudadanos sobre el tema. Esta campaña muestra hasta dónde pueden llegar las capacidades estatales bien utilizadas y dirigidas. El primer capítulo de la serie salió muy bien: serio, digno y dispuso de tiempo suficiente. Y #LideraLaVida fue tendencia en Twitter el miércoles. Este es un asunto sobre el que he venido insistiendo literalmente ya durante años: el grueso de los colombianos toman su información política de la televisión, así que un seguimiento desde allí tiene un enorme valor. Pero también la prensa está llamada a jugar un papel muy importante; varios periódicos y revistas han hecho aportes bastante positivos. Colombia2020 de este diario ya se sumó a LideraLaVida.

Sin embargo, no se puede olvidar que los asesinatos siguen. Así que no hay que soltar ni la presión ni el sentido de urgencia. Es fundamental tener indicadores bien hechos, que permitan acompañar reportajes y análisis y otros métodos de sensibilización con una evaluación periódica (por ejemplo mensual o bimensual) basada en cifras. Todo esto junto con transformaciones institucionales y atribución real de responsabilidades (algo en lo que la Procuraduría y la Defensoría también están impulsando avances serios).

Vale la pena acompañar este conjunto de iniciativas con una explicación cada vez más cuidadosa de por qué el asesinato de líderes sociales es problema de todos. La primera y más obvia razón es que se trata de una inmoralidad extraordinaria, y que una sociedad que la permite tolerará cualquier horror que se le atraviese. Pero también es bueno recordar que, si se acepta el asesinato de líderes, se gira un cheque en blanco a los corruptos. Si usted, estimado lector, no quiere que le metan la mano al bolsillo y le raponeen la plata que paga en impuestos, póngase las pilas con la defensa de los liderazgos sociales. Pues son estos el primer muro de contención contra los torcidos, o simplemente las inepcias, que se consuman en el territorio. Esto no quiere decir que todas y cada una de las reivindicaciones o denuncias sean acertadas o den en el blanco. Sí quiere decir, en cambio, que los corruptos necesitarían de una sociedad modosa, bien portada, sin líderes ni gente que denuncie o se movilice, para poder llevar a cabo sus operaciones sin estorbo. La protección seria y real de los líderes sociales es en sí un referendo anticorrupción (que obviamente no sustituye, sino que refuerza, al otro que está en curso).

Acabar con la vida de los líderes es una agresión brutal contra sus comunidades; pero también contra Colombia. Póngase a pensar la lectora cuánto perdemos todos en conocimientos concretos, formación, capacidades, por cada homicidio de estos. Desde hace rato vengo pidiendo al Departamento Nacional de Planeación, que lo mide todo —cosa que está muy bien—, que se dé la pela de cuantificar los costos en los que incurre el país por permitir esta sangría. Claro, el problema aquí es mucho más moral y político que económico, ¿pero no habría que meterle números y pesos a esta brutalidad homicida? ¿Será que el DNP decide crear criterios e indicadores sobre el tema, y de paso se sube al bus con esta contribución a la campaña #LideraLaVida?

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