Por: Arlene B. Tickner

¿Siguiendo los pasos de Zimbabue?

Uno de los logros del gobierno Uribe ha sido el restablecimiento de la confianza internacional. Para ello, ha sido fundamental el argumento de que Colombia “regresó del abismo”.

Según la narrativa oficial, en 2002 el país enfrentaba serias amenazas de los grupos armados ilegales y el Estado estaba al borde del colapso. Hoy, la presencia estatal en el territorio nacional ha aumentado, el poder de la guerrilla se ha reducido, el paramilitarismo se ha desmontado, los niveles de violencia han bajado y la economía ha crecido. El hecho de que el Presidente haya gozado de un promedio de 80% de popularidad durante los últimos seis años solamente confirma esta “historia de éxito”.

Si bien la influencia paramilitar en el sistema político, la “yidispolítica” y los rumores de una segunda reelección han deteriorado la imagen externa del gobierno colombiano, su desconocimiento abierto de la Corte Suprema la semana pasada, la acusación de que sus miembros son simpatizantes del narcoparamilitarismo y el llamado a un referendo amenazan con dañarla del todo.

Es significativo que los principales diarios de Estados Unidos, España y Francia identifiquen la reacción de Uribe como un golpe a la institucionalidad democrática que pone al país al filo de una ruptura constitucional. Se interpretan las críticas del gobierno a la Corte como una revancha por el hecho de que los numerosos legisladores y funcionarios públicos investigados por vínculos con el paramilitarismo son pro-uribistas.

Según el vicepresidente del Diálogo Interamericano, un think tank estadounidense que ha aplaudido los logros de esta administración, la decisión de Uribe “no ayudará a mejorar los credenciales democráticos del primer mandatario ante la comunidad internacional ni en Washington, en donde ya existe la sensación de que tiene impulsos autoritarios”. Mientras que el Washington Post compara al mandatario colombiano con el ex-presidente Alberto Fujimori, quien usufructuó su popularidad para instaurar una cuasi-dictadura, el New York Times se refiere a éste como un “populista conservador”.

La confrontación entre el presidente Uribe y la Corte coincidió con una carta que Human Rights Watch, una ONG de enorme prestigio, le envió a John McCain el 27 de junio.  En ella se afirma que Colombia tiene una democracia débil que enfrenta graves amenazas, entre ellas la infiltración paramilitar en el Estado y una crisis de legitimidad sin precedentes. Además de advertirle al candidato republicano que recibirá un bombardeo de información engañosa y estadísticas que buscan impresionarlo durante su visita a Cartagena esta semana, HRW le sugiere no enceguecerse por los falsos alegatos de que el país va por buen camino en materia de la defensa de los derechos humanos y el respeto por el estado de derecho.

El presidente Uribe no se puede dar el lujo de comportarse como el dictador Mugabe de Zimbabue, quien ha ignorado las súplicas mundiales de que ese país transite hacia la democracia. Lo que debe hacer en este momento es medir mejor las consecuencias internacionales de la tormenta política que ha creado.

Profesora Titular, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes

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