Por: Arlene B. Tickner

Silencio cómplice

Las visas constituyen una herramienta básica de la política exterior que utilizan los gobiernos para influenciar la conducta de otros países con miras a satisfacer determinados objetivos. La cancelación u otorgamiento del visado comunica censura y descontento por un lado, y complacencia y reconocimiento por el otro. Aunque abundan los ejemplos recientes de lo primero —incluyendo la revocatoria de las visas de cientos de políticos chavistas y oficiales militares de Venezuela, y las de aquellos en Arabia Saudita sospechosos de participar en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi—, lo segundo se ilustra con la extensión de la visa estadounidense a 10 años para los colombianos y su eliminación en Israel, Singapur, Turquía y la Unión Europea.

Bajo el siniestro direccionamiento de John Bolton, asesor de seguridad nacional, y Mike Pompeo, secretario de Estado, el gobierno Trump ha intensificado el uso de la diplomacia de las visas también para matonear a distintos actores. Es el caso de la fiscal de la Corte Penal Internacional, a quien se le aplicó dicha estrategia por querer investigar posibles crímenes de guerra ocurridos en Afganistán, así como de unas 40 asistentes de Oriente Medio y África a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, y también de cientos de miles de nacionales de Corea del Norte, Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen afectados por el veto migratorio.

Los anteriores antecedentes permiten concluir que el retiro (y posterior devolución en varios casos) de las visas de un congresista y de varios magistrados de la Corte Suprema y Constitucional obedecen a un intento, sin duda condenable, pero no tan atípico, por incidir en las decisiones de la Rama Judicial (y Legislativa) sobre la fumigación con glifosato, la extradición y la JEP, y por castigar a quienes no acatan las órdenes de Washington. Si bien esta indebida intromisión en la política colombiana ha generado un rechazo generalizado, llama la atención la molestia menor que parece haber suscitado la pasividad del gobierno Duque frente a lo que ha descrito como una decisión soberana de Estados Unidos.

Le puede interesar: Guerra de testosterona

Por más cierto que sea el matoneo diplomático que reviste este episodio de las históricamente estrechas y amistosas relaciones bilaterales, la narrativa de la injerencia yanqui se queda corta al no tener de presente las formas en las que, por simple afinidad o por decisión voluntaria, distintos gobiernos colombianos han tolerado la vulneración de la soberanía y la autonomía nacionales, con el beneplácito activo de amplios sectores de la élite política y económica. La actitud del Gobierno —cuyas propias presiones a la justicia y el Congreso se alinean con las estadounidenses— hace eco peligroso de la política de “intervención por invitación” empleada durante el mandato de Álvaro Uribe, consistente en esfuerzos conscientes y sistemáticos por lograr una mayor presencia de Estados Unidos en el país con miras a combatir el narcotráfico y la insurgencia armada y, posteriormente, contener a Chávez en Venezuela.

Aunque el respeto mutuo es el fundamento de la diplomacia, en relaciones tan asimétricas como las que caracterizan las nuestras con Estados Unidos también es necesario hacerse respetar. En esa medida, el responsable de fondo de las presiones de Washington es el silencio cómplice de la Casa de Nariño.

860622

2019-05-14T22:00:00-05:00

column

2019-05-14T22:00:02-05:00

[email protected]

none

Silencio cómplice

18

3639

3657

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Arlene B. Tickner

La “paz” en Afganistán

El coco de la certificación antidrogas

Puerto Rico, la gota que rebosó la copa

¿Quién dará el brazo a torcer?

Empate y negociación