Por: Tatiana Acevedo Guerrero

Silencios colaterales

El primer hallazgo de la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, en su investigación sobre afectaciones en las poblaciones ubicadas en zona de influencia de Hidroituango, fue la invasión acelerada de buchón. Una planta que echa raíces en zonas en las que el agua se queda quieta o se mueve despacio, el buchón está ubicado al sur de la presa del proyecto y en apenas dos meses cubrió un corredor de casi 8,5 kilómetros del río Cauca, “una vasta zona en la que se disminuyó la calidad de la vida acuática y existen tramos de cero navegabilidad”. De acuerdo con los investigadores, en estos momentos, el buchón “bloquea los rayos del sol y elimina los procesos básicos para que se desarrolle la vida dentro del agua”.

Además de aguas empozadas y plantas acuáticas, el proyecto ha desencadenado la crianza de algunos insectos. Según cifras de la Secretaría de Salud de Sabanalarga, en años anteriores a 2015 no se registraban más de cinco casos de leishmaniasis por año en el municipio. Sin embargo, desde 2016 se presentó un incremento. En 2017 fueron reportados 75 y en 2018, 85. El crecimiento de esta enfermedad en los últimos tres años puede estar relacionado con la intervención del bosque en el contexto de Hidroituango. “Hay pilas inmensas de todos los árboles talados de bosque seco tropical y estos son los sitios de incubación donde se reproduce el (insecto) vector que transmite la leishmaniasis”, explicó Isabel Zuleta, de Ríos Vivos.

A la vez que se hacen estas denuncias, la periodista Laura Ardila escribió sobre la lucha de la comunidad indígena nutabe, cuyo territorio en el cañón del río Cauca fue inundado por la represa. “Nosotros no necesitábamos cuenta en el banco: nuestro cajero era nuestro papá, que nos daba con nosotros solo meter la mano. El río siempre ha sido todo para nosotros”, le contó Abelardo David Chanci, guardia mayor nutabe, a Ardila. Tras la inundación de las tierras comunitarias, el guardia y su familia se mudaron al área metropolitana de Medellín, en donde se dedica al rebusque como cotero.

Mucho se ha hablado de los desplazamientos de cientos de personas a lo largo del río Cauca y de los estragos en sus tierras y aguas. Poco hablamos sin embargo sobre cómo la marginación de este tipo de residentes rurales es justificada mediante la vulnerabilidad energética urbana. Con tal de evitar un nuevo apagón, necesitamos represas. Este discurso silencia los tipos de violencia e injusticia en que se basan estas infraestructuras.

A medida que la energía producida por las hidroeléctricas es vendida para ser usada en ciudades como Medellín o Barranquilla, se hace evidente cómo su producción depende de los procesos de colonización y arrasamiento ecológico que ocurren mucho más allá de sus márgenes. Estas decisiones siempre están saturadas de demandas políticas que privilegian a la ciudad sobre las zonas rurales. Pese a que desplazados como Abelardo David Chanci se ven obligados a mudarse a la ciudad en busca de recursos con los que puedan rehacer su vida, una vez llegan a las zonas metropolitanas vuelven a ser vistos como incómodos. Y no pocas veces se les niega no solo la oportunidad de trabajo estable, sino también el acceso a servicios públicos como la electricidad.

 

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